Ortega Máynez subrayó que el contrato identificado como SH/ADE/079/2022 se tramitó bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, aunque el proyecto incluye infraestructura, equipamiento y software operativo.

“El presupuesto estatal y la descripción del contrato dejan claro que no se trata sólo de un servicio intangible, sino de un proyecto que presenta características de obra pública, que exige en teoría procesos de licitación mucho más estrictos”, puntualizó.

La legisladora destacó que la información del proyecto fue reservada por cinco años, lo que impide al Congreso y a la ciudadanía revisar precios, alcances técnicos y cláusulas de cumplimiento. Además, advirtió que “escogen la ley que les da más margen, aplican la excepción más amp

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