La personería jurídica del partido Progresistas, encabezado por la senadora María José Pizarro, enfrenta una nueva amenaza judicial que podría redefinir el panorama de la izquierda en Colombia.

En menos de un mes, el Consejo de Estado ha admitido dos demandas que buscan anular las resoluciones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó reconocimiento legal a esta colectividad, surgida de una escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

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El proceso judicial, que pone en riesgo la capacidad de Progresistas para participar con aval propio en las elecciones de 2026, fue impulsado inicialmente por los abogados Ximena Echavarría y Nicolás Dupont, representantes de la organización D

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