El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la metalúrgica han declarado este miércoles como investigados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio que cumplieron la legislación en la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).

Durante sus declaraciones ante el juez Francisco de Jorge, los investigados han defendido que cuando se realizaron las ventas “no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales” con Israel y “las entregas se cancelaron por decisión de Sidenor” tres meses antes de que el Gobierno decretase el embargo, según un comunicado de la empresa, recogido por Europa Press.

Los investigados solo han respondido a las preguntas de su defensa, para señalar, según Sidenor, que el acero fabricado y vendido a Israel “no figura en el Anexo I de los reglamentos español ni europeo que identifican los productos sometidos a un control especial por parte de la Administración”. “Y en ese sentido no precisa estar incluido en ningún registro específico ni haber solicitado una autorización previa para su exportación a países no sometidos a embargo”, según el comunicado.

“Como acusación popular, no hemos podido formular algunas preguntas que considerábamos relevantes para aclarar el caso, como por ejemplo, si los investigados conocían la situación que se estaba viviendo en Palestina y concretamente en la Franja de Gaza”, ha señalado el abogado David Aranda, que actúa en nombre de la Comunitar Palestina de Catalunya y la campaña 'Fin al comercio de armas con Israel'.

Este es un hecho relevante, ha dicho Aranda, por cuanto no solo se está investigando un delito de contrabando, sino también “la complicidad con eventuales delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio”. “Entendemos que las actuaciones son mucho más complejas que una simple transacción económica por acero” ha añadido.

La compañía ha defendido que no recibieron comunicación alguna por parte de las autoridades españolas o europeas sobre limitaciones excepcionales en las ventas de acero a Israel. “Ninguno de los aceros vendidos por Sidenor a Israel corresponden a la descripción detallada” en “el Real Decreto 679/2014 que regula las ventas a otros países de armamento y materiales susceptibles de doble uso y el Reglamento Europeo 821/2021”, indica.

“Entendemos que, evidentemente, aunque ese acero no fuera aleado y tuviera que ser aleado en destino, hubiera sido necesario solicitar la debida autorización por cuanto se cumplen unos requisitos determinados en la normativa comunitaria”, ha asegurado Aranda.

La compañía subraya que los envíos a los que se refiere la denuncia representan menos del 0,2% de las ventas totales anuales de la metalúrgica vasca. Según datos de la Audiencia Nacional, Sidenor envió acero a la empresa armamentística israelí IMI en 42 ocasiones por un valor de casi seis millones de euros. Treinta y tres de esos envíos se realizaron después de iniciado el genocidio en Gaza. La empresa envió un total de 4.587 toneladas de acero, recibiendo 5,8 millones de euros a cambio.

Sidenor recuerda que suspendió las relaciones comerciales con Israel a partir de julio de este año, antes de que el Gobierno español decretase el embargo a ese país en setiembre. “Y canceló, por voluntad expresa de la compañía, el embarque previsto en el puerto de Barcelona para el 1 de julio”.

Además, la defensa ha avanzado que aportará un informe pericial sobre la trazabilidad de los pedidos realizados por el cliente israelí que “demuestra que ninguno de los aceros fabricados por Sidenor y vendidos a esa empresa se encontraban dentro del catálogo de productos sometidos a un control especial”.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que Jainaga, ante el juez, ha dicho que no tenía conocimiento de esas ventas y que las llevaban subordinados.

“Pleno conocimiento”

Por su parte, los querellantes han indicado tras las declaraciones que “no es solo si había o no una autorización, sino que va mucho más allá, y es sobre si se estaba vulnerando el Derecho Internacional Humanitario en la Franja de Gaza y si esa empresa con su actividad estaba contribuyendo a ese resultado final”.

El abogado de los querellantes, David Aranda, ha señalado que “el acero iba destinado a una empresa que fabrica de forma exclusiva tecnología militar”, entre ellas “plataformas de lanzamiento de misiles, munición, etc.”.

Jainaga y los otros dos directivos --el director general corporativo, Marco Pineda; y el director comercial, Íñigo Molero-- están investigados por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero.

Las del presidente de Sidenor, Pineda y Molero han sido las primeras declaraciones celebradas en el marco de esta causa, puesto que hasta el pasado octubre estuvo bajo secreto de sumario.

Como ha señalado la Comisión de Investigación asignada por la ONU, “desde enero de 2024, si no antes, los Estados tenían la obligación” de prevenir y sancionar, y no lo hicieron. No se adoptaron medidas para impedir este tipo de transacciones. Y a eso se acoge Sidenor.

En marzo de 2024 llegó el informe de la relatora Anatomía de un Genocidio y en julio de ese mismo año, La Corte Internacional de Justicia pidió a los países medidas “para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los territorios ocupados palestinos”. Más tarde se emitieron las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional.