La inclusión laboral de personas con discapacidad ha ganado protagonismo en Latinoamérica, pero los avances en nuestro país aún están en progreso. La Ley General de la Persona con Discapacidad exige desde 2012 que el sector privado contrate al menos un 3 % de trabajadores con discapacidad y en el sector público un 5 %. Más de diez años después, las cifras revelan una realidad preocupante: el cumplimiento sigue siendo la excepción y no la regla, lo que confirma que la sola imposición de una cuota no garantiza una inclusión sostenible.

La regulación se concentra en el número de contrataciones, pero no asegura condiciones efectivas de accesibilidad, procesos libres de sesgos o ajustes razonables para que este talento pueda aportar plenamente. Así, el c

See Full Page