Izquierda Unida y el Partido Comunista (PCE) han interpuesto este jueves una querella ante la Audiencia Nacional contra el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvi, y varios cargos militares por el asalto a la Flotilla de la Libertad el pasado 1 de octubre. Estas fuerzas políticas acusan a esas autoridades de un delito de “detención ilegal, piratería, tortura, delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio”.

El escrito sostiene que las tropas israelíes abordaron la Flotilla “por la fuerza y contra la voluntad de las capitanías y dotaciones de las embarcaciones” y “detuvieron ilegalmente a las personas que conformaban la dotación de las referidas embarcaciones y, en particular, a decenas de personas de nacionalidad española”. Además, apuntan que el abordaje se produjo en “aguas internacionales”, concretamente, a “alrededor de unas 70 millas náuticas de la costa, no siendo aguas jurisdiccionales bajo competencia del estado de Israel”, lo que, a juicio de los denunciantes, configura un delito de piratería conforme al Código Penal.

El documento contextualiza los hechos dentro de la situación humanitaria extrema y acusa a Israel de estar detrás de la “creación de condiciones de vida dirigidas a la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza”. Responsabiliza al gobierno de Netantahu de actuar para “causar hambrunas, enfermedades y la utilización de la población civil como rehenes”.

Por último, los querellantes denuncian que los tripulantes fueron trasladados al centro de detención de Ketziot, en el desierto del Neguev, “donde se produjeron continuadas torturas de carácter sistemático, ausencia de respeto de los derechos fundamentales, de asistencia legal y diplomática efectiva”. El escrito solicita al juzgado que “se oficie a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que, a través de sus servicios hagan todo lo oportuno para conocer la situación de las personas querelladas y su posible entrada en territorio del estado español” y “se requiera por los oportunos canales de asistencia diplomática y de cooperación jurídica internacional al estado de Israel”, entre otras diligencias.