La Fiscalía Anticorrupción se opone a que el PSOE deje de ejercer la acusación popular en el caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional como han solicitado otras acusaciones reunidas en la figura de la acción popular, con el Partido Popular al frente. La dirección de la acusación popular formuló la petición después de que el juez Ismael Moreno aceptara investigar si hay irregularidades en los pagos en metálico de gastos en el PSOE con la documentaicón que le envió el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

“El PSOE no tiene la condición de investigado, ni tampoco ninguna persona que dentro del mismo ocupe cargo directivo, por lo tanto, no existe obstáculo alguno para que continúe personado en el presente procedimiento dentor de la Acusación Popular Unificada”, recoge el escrito de la Fiscalía especializada, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El PP y las organizaciones de la extrema derecha que le acompañan en la acusación popular alegaban en su escrito: “No puede ejercer la acusación popular quien está siendo objeto de investigación en la misma causa. Es incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello suspondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal”.

El juez Ismael Moreno dio traslado a las partes para que se posicionaran sobre la petición de la acusación popular. Con este pronunciamiento de Anticorrupción y del resto de partes personadas adoptará una decisión.

Ismael Moreno decidió abrir una pieza separada del caso Koldo, la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y de la que surgió la investigación abierta en el Supremo contra Jose Luis Ábalos, su ex asesor y el empresario y comisionista Víctor de Aldama, después de recibir un auto del magistrado Leopoldo Puente en el que este planteaba la posibilidad de que el exministro y quien fuera su mano derecha utilizaran las liquidaciones de gastos que pasaban al PSOE por comidas, hoteles, gasolina o kilometraje para blanquear el dinero de las mordidas que supuestamente cobraron de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes. 

En la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano. Adjunta igualmente la parte del informe de la UCO del pasado 8 de octubre que analiza los hechos, así como la información facilitada por el PSOE sobre dichos pagos.