En la jornada final del juicio, el abogado del novio de Ayuso sostiene que el fiscal general fue el ejecutor de una trama formada por fiscales, políticos y periodistas. La defensa alega que García Ortiz sólo intentó responder con hechos a las mentiras y manipulaciones de Miguel Ángel Rodríguez

La defensa del fiscal general carga contra la pareja de Ayuso y pide la absolución: “No hay ninguna prueba”

Empezó como una gran operación política para favorecer los intereses de Isabel Díaz Ayuso y de su pareja con la filtración de un correo electrónico enviado por un fiscal a un abogado. Después, surgió una información manipulada sobre una conspiración del Gobierno y transmitida a un numeroso grupo de periodistas. De alguna manera, el juicio de Álvaro García Ortiz que finalizó el jueves acabó de forma parecida. Todo fue una gran conspiración montada con el fin de destruir a Alberto González Amador, dijeron las acusaciones en sus alegatos finales. Ahí no estaba solo el fiscal general –que se arriesga a una pena de cárcel, el cese y el deshonor–, sino también su jefa de prensa, todos los fiscales que forman parte de su equipo, la fiscal provincial de Madrid, los periodistas de cuatro medios de comunicación y en última instancia el Gobierno de Pedro Sánchez, sostuvo Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de Amador.

Los acusadores no ahorraron en detalles para intentar que el tribunal compre un relato de los hechos que pasa por obviar lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez para ayudar a Amador y hacer que la historia comience cuando la Fiscalía General decide emitir un comunicado que contrarreste la difusión de hechos tergiversados desde el Gobierno de Madrid. “Se trató de sellar institucionalmente por el Ministerio Fiscal el relato de confesión y culpabilidad, buscando una cobertura legal, aunque mal diseñada desde el origen”, afirmó Ramos.

“Era como una máquina de blanqueo”, dijo, para lo que se contó con la complicidad de los periodistas, señalados en el juicio por hacer su trabajo y no limitarse a escribir lo que contaba el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. También se ocupó de desacreditar su testimonio en la vista, respaldado por fuentes solventes y documentos.

Al acogerse al secreto profesional para no revelar la identidad de sus fuentes, “los periodistas no tienen la obligación legal de responder”, un hecho que solo es cierto en ese punto concreto, no en todo lo demás, como pretendía defender el abogado. Les acusó de “connivencia” con las autoridades y de ser testigos irrelevantes. Hasta dijo que no tenían “por qué decir la verdad”, ya que en ese caso sería como autoincriminarse.

La ironía era fantástica. Se acusaba a fiscales y periodistas de montar un complot y de crear una “corriente de opinión masiva”, en expresión del abogado del grupo ultra Manos Limpias, para atacar al novio de Ayuso y presentarlo como un “defraudador confeso”, cuando Rodríguez había hecho exactamente eso solo que con la intención contraria.

Teniendo en cuenta cómo empezó esta historia, no es extraño que algunas de las acusaciones presentes emplearan argumentos falsos o simplemente delirantes. Uno se preguntaba por qué la Fiscalía General “mete en la nota que Amador ha cometido delitos”. El comunicado solo dice que su abogado ha reconocido dos delitos fiscales y que no hay obstáculos para que se negocie un acuerdo de conformidad. Algunos dedicaron muchos minutos a atacar a los periodistas o alegaron que está “probado” que hubo contactos entre el fiscal general y el periodista de la SER Miguel Ángel Campos, lo que no es cierto.

El más imaginativo fue Juan Antonio Frago, de la APIF, la asociación de fiscales que pide la pena mayor contra García Ortiz, seis años, que se lo pasó en grande con las comparaciones. Ante el hecho de que Amador fue el primero en vulnerar el secreto de las comunicaciones, lo comparó con una violación múltiple en la que el segundo agresor también es culpable del delito. La lógica era indescifrable. Puestos a dejar volar la imaginación, dijo que la decisión del fiscal general de cambiar de móviles –su defensa dijo que lo hacía cada año– era como cuando José Bretón hizo desaparecer el cadáver o cuando los detenidos “tiran la droga por el inodoro” cuando llega la policía. Fue un festival del humor judicial.

Al abogado del Estado, José Ignacio Ocio, defensor del fiscal general, le correspondió describir las numerosas intervenciones de Rodríguez. En primer lugar, recomendó a Amador un despacho de abogados conocido por llegar a acuerdos rápidos con la fiscalía. El 13 de marzo, Amador habló con Esteban Urreiztieta, periodista de El Mundo, que tendrá un papel decisivo al difundir el correo del día antes que envió el fiscal del caso. “Miguel Ángel Rodríguez había sido autorizado (por Amador) para mover el correo del día 12”, dijo Ocio, que destacó que ese hecho no aparece en la querella. “¿Cuántas cosas más ignoramos por la mala fe del querellante?”, se preguntó.

El letrado argumentó que fue la defensa de Amador la que se saltó la confidencialidad de esas comunicaciones entre fiscal y abogado: “Cuando el titular de un secreto hace partícipe de ese secreto a otros, se pierde su carácter reservado”. “Fue el entorno de la presidenta de Madrid el que otorgó relevancia pública al señor González Amador”, denunció. Para presentarlo como víctima del Gobierno.

La jugada no salió bien porque varias informaciones contrastadas revelaron que era su abogado el que había presentado la oferta de pacto con el reconocimiento de dos delitos fiscales, no al revés como sostenía el artículo de El Mundo. Y tampoco era cierto que la negociación se hubiera parado por “órdenes de arriba”, como Rodríguez había dicho en un grupo de WhatsApp en el que había cincuenta periodistas.

Ocio defendió los pasos adoptados por el fiscal general. En primer lugar, ordenar una dación de cuenta que se hace cuando una persona de trascendencia pública es investigada. Es lo que se había hecho, por ejemplo, con el empresario José María Aristrain o con la esposa de “un líder político muy importante”, refiriéndose sin nombrarla a Begoña Gómez. Por sí solo, no era “un elemento distorsionador ni incriminatorio”.

Conociendo ya que al novio de Ayuso se le investigaba por delitos fiscales, la Fiscalía no hizo nada entre el 8 y el 11 de marzo. Todo cambió con la noticia de elDiario.es del 12 de marzo a primera hora de la mañana y los pasos posteriores dados por Rodríguez, que confiaba en que el caso se cerrara con un acuerdo antes de que apareciera en los medios. Hubo ese día “un cerrojazo informativo en la Fiscalía Superior de Madrid”, que dirige Almudena Lastra, señaló Ocio. Lastra lo confirmó en su declaración en el juicio al contar que había ordenado a su jefe de prensa que no se iba a contar nada: “Sobre esto, no vamos a dar ninguna noticia”.

Lastra cambió de opinión cuando supo que Rodríguez estaba difundiendo datos falsos sobre la investigación y aceptó que había que desmentirlos. Pero se negó a aceptar que se difundiera una nota de prensa con toda la información pertinente que negaba el bulo. Por eso, es la heroína de la causa para las acusaciones de este juicio. El silencio de la fiscalía hubiera dejado el campo libre para que la manipulación hecha por el jefe de gabinete de Ayuso se extendiera entre los medios.

Ocio afirmó que el fiscal general se decidió a actuar cuando Rodríguez “distribuyó una versión lesiva para la fiscalía” con la que se denunciaban “conductas prevaricadoras”. A cuenta del artículo de Urreiztieta, el fiscal general decidió que no se podía “desmentir de oídas a un periódico como El Mundo”, por lo que era necesario recopilar todas las comunicaciones entre fiscal y abogado.

Ahora, el Tribunal Supremo debe decidir si quiere convertirse en la última pieza de la maquinaria puesta en marcha por Miguel Ángel Rodríguez o si debe condenar al acusado por el delito de revelación de secretos. Tiene la opción intermedia de criticar duramente la actuación de la fiscalía, pero dictaminar que no hay pruebas de que el fiscal general haya cometido un delito. Cualquier decisión que tome será analizada dentro del contexto de la furiosa política que tiene lugar en la capital de España.