El letrado Juan Antonio Frago, que representa en el Supremo a una pequeña asociación de fiscales, atacó en X al imputado en una causa de la Audiencia Nacional en la que él ejerce la acusación, actitud que ha reiterado con los testigos y las partes contrarias durante el juicio a Álvaro García Ortiz en el Supremo

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El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha suspendido durante un mes al letrado Juan Antonio Frago Armada, que ejerce la acusación contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. La sanción responde a “un mal ejercicio de la profesión”, o conducta “antideontológica”, en relación con los comentarios “insultantes” que Frago lanzó desde su cuenta de X hacia el investigado en un caso de la Audiencia Nacional donde el abogado ejerce la acusación. El abogado ha mantenido una actitud similar a la que le ha valido la sanción del ICAM durante todo el juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo, denigrando en sus mensajes a los testigos y atacando las intervenciones de las partes contrarias.

Juan Antonio Frago representa ante la Audiencia Nacional a una inspectora de Policía que ha denunciado al antiguo agregado de Interior en la Embajada española, un comisario que ejercía como jefe suyo, por acoso y agresión sexual, entre otros presuntos delitos. El comisario permanece imputado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 del tribunal especializado.

Como abogado de la acusación, Frago Armada asistió en abril a la primera citación al comisario investigado, quien se acogió a su derecho a no declarar. Tras la comparecencia, Frago escribió en su cuenta de X: “Ver que un comisario pide la suspensión de una declaración de investigado por ‘aparente depresión’ es para que le entre la risa a uno. El que te tendría que defender con su vida que no se atreve a hablar ante un juez. Hora de pasar al patíbulo”. Este tuit (cuya captura aparece justo abajo), como otros por los que Frago fue denunciado, han desaparecido de su cuenta de X.

Después de varios comentarios del mismo tipo en redes sociales, el comisario denunció la actuación del letrado del despacho Frago y Suárez ante el Colegio de Abogados de Madrid. El ICAM abrió un expediente disciplinario el 6 de mayo, nombró a una instructora y un secretario para tramitarlo y escuchó la versión de Frago.

El 23 de junio, la instructora del expediente concluyó su investigación y propuso a la Junta de Gobierno el Colegio que sancionara al abogado por una infracción grave prevista en el artículo 125 del Estatuto General de la Abogacía. El apartado que se le aplica castiga “la falta de respeto debido o la realización de alusiones personales de menosprecio o descrédito, en el ejercicio de la profesión, a otro profesional de la Abogacía o a su cliente”, según la documentación del expediente a la que ha tenido acceso elDiario.es. La Junta de Gobierno confirmó la propuesta de la instructora el pasado 22 de octubre e impuso a Frago un mes de suspensión en el ejercicio de la abogacía, lo que supone la sanción en su tramo inferior “en aplicación del principio de proporcionalidad”, afirma la resolución, que también ha podido leer este periódico.

Frago alegó su derecho a la libertad de expresión, pero el Colegio de Abogados le corrige: “Nos encontramos ante un profesional de la abogacía que interviene en redes sociales comentando un procedimiento penal en el que interviene como letrado, sin que esta actuación pueda reputarse amparada por dicho derecho a la libertad de expresión porque resultan gratuitas, insultantes y absolutamente inconducente para el debido ejercicio del derecho de defensa”.

Pese a la sanción, Juan Antonio Frago habría podido sentarse en el estrado de las acusaciones contra el fiscal general porque a partir de la última resolución del ICAM, de 22 de octubre, tenía un mes para presentar recurso de alzada ante el propio Colegio de Abogados. Sin embargo, un portavoz del ICAM rechaza confirmar si Frago ha presentado ya ese recurso porque no ofrece este tipo de información a terceros. Se da la circunstancia de que el órgano sancionador, el Colegio de Abogados de Madrid, ha compartido la acusación popular contra García Ortiz con Frago y la asociación de fiscales que representa.

Por su parte, el letrado Juan Antonio Frago ha asegurado a elDiario.es que desconoce de qué expediente se trata y ha negado tener conocimiento de ninguna investigación contra él ni de la sanción impuesta. Frago hace esa afirmación pese a que en el expediente aparece cómo se le notificó la apertura del mismo y también las alegaciones que el letrado hizo contra el mismo: vulneración del principio de tipicidad, del principio de reserva de ley y prevalencia de la libertad de expresión. Ante el ICAM, Frago defendió que sus manifestaciones en X contra el policía no eran “faltas de respeto” y que se asentaban en “noticias publicadas”.

“El letrado alega primeramente 'Vulneración del principio de tipicidad', pues estima que el tipo infractor aplicado exigiría que los hechos ocurran 'en el ejercicio de la profesión'. En su apoyo invoca resoluciones del GGPJ sobre procedimientos disciplinarios de magistrados que el letrado estima que serían de aplicación, mutatis mutandis, a este caso. Debe aclararse que no se comparte tal apreciación”, dice el ICAM respecto de las alegaciones que el abogado asegura no ha presentado.

Frago representa a la minoritaria Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el procedimiento contra el fiscal general del Estado. Es autor del escrito en el que se solicita la pena más alta contra Álvaro García Ortiz, seis años de cárcel, frente a los cuatro que pide el afectado por supuesta revelación de secretos, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. APIF también es la acusación popular que intentó, sin éxito, que el Tribunal Supremo apartara de su cargo al fiscal general del Estado cuando comenzara el juicio.

Pide el “despido fulminante” para un testigo

De uno de los periodistas de elDiario.es, cuya declaración desbarató la tesis de la acusación, Frago publicó en X que merecía el “despido fulminante” y que le “temblaban las piernas” durante su comparecencia. Sobre los abogados del Estado que defienden a García Ortiz se permitió comentar que llevaban “muy mal preparado el asunto”.

Por contra, sobre el testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, calificó en X sus declaraciones en fase de instrucción y en la vista como “domadas” y que si se hiciera abogado “se haría rico”.

En su intervención final, Juan Antonio Frago ha afirmado sin pruebas que en la Fiscalía General del Estado “estaban preparando la jugada de la imputación si no detención del señor Alberto González Amador” cuando El Mundo publicó una información tergiversada sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando con el Ministerio Público. El abogado ha llegado a comparar al fiscal general del Estado con José Bretón, condenado por asesinar a sus dos hijos, y ha comparado también esta filtración con una agresión sexual múltiple.