Los empleadores deben evaluar y prevenir los riesgos a los que se enfrentan las empleadas domésticas desde este 14 de noviembre, cuyo incumplimiento puede conllevar multas de hasta 49.180 euros

Trabajo denuncia un ataque informático a la herramienta para prevenir los riesgos laborales de empleadas del hogar

“Parece que por estar en una casa no corremos ningún peligro y no es verdad, sí hay riesgos”, afirma Margarita, trabajadora del hogar y activista de Territorio Doméstico. Desde este viernes, 14 de noviembre, los empleadores de trabajadoras del hogar están obligados a evaluar y prevenir los riesgos laborales que enfrentan sus empleadas. Como si hay escaleras en casa y cómo son, cómo se limpian las ventanas y si se dan guantes para prevenir el contacto directo con productos químicos de limpieza, entre los aspectos más comunes. No cumplir con esta nueva obligación puede acarrear sanciones para los empleadores desde 2.451 euros hasta 49.180 euros, en su grado máximo.

La protección de la salud y la prevención de los riesgos derivados del trabajo es un derecho de todos los empleados, que ahora debe llegar también a las trabajadoras domésticas. No son pocas: más de 341.000 afiliadas a la Seguridad Social, de las que se suela hablar en femenino porque el 96% son mujeres. “El 80% de ellas tiene más de 40 años y el 69% tiene origen extranjero o doble nacionalidad”, destacó hace unos meses la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Al prestar servicios en un hogar, y no en una empresa al uso, su trabajo tiene ciertas particularidades, como la inviolabilidad del domicilio de cara a la Inspección de Trabajo, pero los colectivos de empleadas domésticas y los sindicatos llevan mucho tiempo peleando para que esta “particularidad” no signifique una desprotección de su salud y seguridad.

El Gobierno aprobó un decreto para ampliar sus derechos de protección a la salud, que este viernes entra en vigor respecto a la evaluación y prevención de sus riesgos laborales. El Ministerio de Trabajo lanzó hace seis meses la herramienta gratuita Prevención 10, para facilitar esta tarea a los hogares. En los últimos días, la web ha tenido múltiples caídas, que fuentes del departamento de Yolanda Díaz han denunciado como un ataque informático.

Además, estos nuevos derechos de protección nacen con tareas pendientes. El Ministerio de Trabajo acumula dos retrasos: el lanzamiento de una plataforma formativa para las empleadas del hogar a través de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae), que tendría que estar disponible desde marzo, y la publicación de un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar, cuya fecha límite era el pasado septiembre.

¿Quién debe realizar la prevención de riesgos?

La ley establece que el “deber de la persona empleadora de protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales” que se puedan dar en su domicilio.

En principio, el empleador es quien debe realizar la evaluación y prevención de riesgos, pero también puede delegar esta tarea en una tercera persona si no puede asumirlo “por sus características personales o estado biológico conocido” (por ejemplo, personas mayores o con alguna discapacidad que no sean capaces de ello).

Además, también puede contratar a una entidad especializada en prevención, “sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia”.

Primero evaluar y luego prevenir

Como ocurre con cualquier otro caso, la clave para garantizar la seguridad y la salud de las personas empleadas consiste, primero, en evaluar a qué riesgos se enfrentan debido a su trabajo y, después, en tomar medidas para evitarlos, prevenirlos y para proteger a los trabajadores en caso de que estos sean inevitables.

La evaluación de riesgos debe tener en cuenta, con carácter general, “las características de la actividad y de las personas empleadas”, indica la ley. Así, es importante analizar qué tareas se realizan y sus posibles peligros –si se limpian armarios en altura, qué escaleras se utilizan para ello, cómo se limpian los cristales de las ventanas, si se levanta peso, o qué productos se utilizan para limpiar–, al igual que evaluar en qué situación está la trabajadora por cuestiones como su edad, estado de salud o, por ejemplo, si está embarazada.

Si los resultados de la evaluación ponen de manifiesto que hay situaciones de riesgo, “la persona empleadora adoptará las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos, documentándolas por escrito con la fecha concreta de su adopción”, indica la norma, que obliga a entregar “una copia de dicha documentación a la persona trabajadora para informarla de las medidas adoptadas”.

Margarita menciona algunos riesgos habituales de su trabajo, como la limpieza en altura en la que las empleadas tienen que subirse a escaleras, o de cristales de ventanas que están abiertas y pueden suponer una caída. “Hay que concienciar a los empleadores y a las trabajadoras, porque muchas veces se normalizan los riesgos. No podemos limpiar las ventanas por fuera si ello supone un riesgo. Hay alguna compañera que ha muerto por esto. No tenemos arnés ni las medidas que se requieren para limpiar ventanas desde el exterior”, dice la activista de Territorio Doméstico.

La norma obliga a los empleadores a “proporcionar a las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus funciones”. Por ejemplo, los guantes, claves para proteger la piel del contacto de los productos de limpieza.

Sanciones de hasta 49.180 euros

A partir de ahora, aunque la Inspección de Trabajo no pueda acceder al domicilio de los empleadores sin su consentimiento, los actuantes sí pueden requerir la documentación que justifique esta prevención de riesgos laborales.

No realizar la evaluación de riesgos o no implementar las medidas preventivas que sean necesarias supone una infracción grave, que puede acarrear multas de 2.451 euros a 49.180 euros en su grado máximo. Si hay incumplimientos muy graves en materia preventiva, las sanciones pueden escalar desde esa cantidad hasta casi el millón de euros en el grado máximo.