En un escenario en el que más del 80% del suministro de minerales críticos de la UE depende de terceros, la adhesión de España a la Declaración de Berlín, firmada por 17 Estados miembros, ha puesto de relieve, según algunos analistas, contradicciones y la falta de coherencia en las políticas europeas.

Aunque el acuerdo pretende garantizar “la soberanía industrial, el liderazgo tecnológico, la descarbonización, las materias primas críticas o la industria de Defensa”, varios proyectos mineros estratégicos en España permanecen bloqueados tras años de evaluaciones y trámites administrativos, mientras algunos recursos esenciales continúan sin figurar en la lista oficial de materias primas críticas de la UE.

Señalan que mientras Bruselas y Madrid proclaman la necesidad de agilizar los procesos

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