Mientras la oposición de izquierdas en las Islas al Govern del PP de Marga Prohens no para de repetir el mantra exigiendo aplicar el tope al alquile r en las Islas, los datos demuestran que esta medida es altamente perjudicial para los inquilinos al contraerse de forma notable la oferta disponible.

Tanto es así que la demanda para arrendar un piso en Cataluña tras aprobar el tope al alquiler triplica, en estos momentos, la de Baleares pese a la escasez de la oferta existente en las Islas.

Según los datos publicados por el oficial Observatorio nacional del Alquiler, la presión de la demanda de una vivienda a los 10 días de salir publicada la oferta en las Baleares es de 129 demandantes mientras en Cataluña de es nada menos que de 353 demandantes por vivienda, una cifra que asciende a 444 en el caso de la provincia de Barcelona. Los datos por tanto lo dicen todo.

La Ley de Vivienda lleva aplicándose desde hace más de un año en Barcelona, cuando se declaró zona tensionada, y en estos momentos, la capital catalana es una de las grandes ciudades que más ha perdido en oferta de viviendas en alquiler tras el control de precios.

Según los datos publicados por el Idealista la estadística oficial muestra una fuerte caída de los nuevos contratos de alquiler en toda Cataluña, donde se contabilizaron 27.716 unidades entre enero y marzo, casi un 20% menos que un año antes.

La tendencia también se da en Barcelona, donde se firmaron 7.615 contratos en los primeros tres meses de este ejercicio, 2.210 menos que 12 meses antes. Además, según el Servicio de Estudios y Documentación de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, el alquiler medio de los nuevos contratos en la capital catalana se situó en 16,19 euros por metro cuadrado entre enero y marzo, frente a los 15,88 euros de los últimos tres meses de 2024.

Es decir, pisos más pequeños en alquiler con el metro cuadrado más caro.

Es por ello que el conseller de Vivienda del Govern del PP, José Luís Mateo , mantiene su oposición frontal a cualquier limitación de precios de alquiler ya que allí donde se ha aplicado esta medida «no ha tenido éxito» por la desaparición de la oferta o la cada vez mayor presencia en el mercado de viviendas «de peor calidad y más baratas».

Pese a ello los socialistas siguen defendiendo que Baleares sea declarada como zona de mercado residencial tensionado o, en su defecto, que se habilite a los ayuntamientos para que puedan hacerlo a nivel local como reiteraron este pasado jueves en el pleno del Consell de Mallorca.

Aunque reconocen que las personas más vulnerables son las «más afectadas», porque la «falta» de vivienda asequible resulta el «principal factor de vulnerabilidad», durante los ocho años que estuvieron gobernando en Mallorca y Baleares no aplicaron medida alguna para detener el alza de los precios de la vivienda, hasta convertirla en el más cara de España.

Su última ocurrencia es que por ley se fijen unos precios de alquiler que se moverían en una horquilla de entre 900 y 600 euros, aunque en ningún momento, indican por qué no podrían estar por debajo de ese montante, ni en qué se basan para establecer ese precio y no otro cualquiera.