El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , se enfrenta a un nuevo revés en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por la presunta filtración de datos confidenciales del empresario Alberto González Amador , pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Según ha denunciado la acusación popular, los registros de Google revelan un “borrado selectivo” de correos electrónicos clave , contradiciendo la versión ofrecida por García Ortiz sobre un supuesto “borrado sistemático por seguridad”.

Durante la sesión celebrada este jueves, el abogado de la acusación, Fernando García Capelo (representante de Foro Libertad y Alternativa, y personado junto a Vox y HazteOir), ha subrayado que los correos electrónicos borrados por el fiscal coinciden con los momentos clave del caso , mientras que los correos conservados “carecían de relevancia procesal”.

La cuenta de Gmail fue borrada tras la apertura de la causa

Según la documentación aportada, García Ortiz recibió los correos sensibles de la fiscal Pilar Rodríguez en su cuenta personal de Gmail en la noche del 13 de marzo de 2024. Días después, esa cuenta fue eliminada , lo que impide verificar de forma independiente el contenido y el flujo de la información.

El fiscal ha justificado el cierre de esa cuenta por “haber recibido insultos y amenazas”, pero la acusación sostiene que se trata de una eliminación deliberada de evidencia comprometida , coincidiendo con el inicio de la investigación judicial.

Cambio de móvil en fechas clave

Otro de los puntos señalados por la acusación es el cambio de terminal telefónico . Según García Capelo, el fiscal solicitó un nuevo móvil en mayo, pero no comenzó a utilizarlo hasta octubre, justo cuando el Supremo abrió diligencias penales . En ese lapso de cinco meses, García Ortiz accedió a los correos que más tarde se filtraron a la prensa , reforzando, según la acusación, la tesis del “borrado selectivo”.

Aunque el fiscal aseguró que realiza “borrados automáticos cada 30 días por motivos de seguridad”, no ha aportado ningún pantallazo ni prueba que lo demuestre. Tampoco hay evidencia de que pidiera reenvíos de conversaciones perdidas, algo habitual en quienes usan esa función.

54 correos encontrados, pero no los importantes

El análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recuperó 54 correos electrónicos del dispositivo del fiscal, pero ninguno relacionado con la filtración objeto del juicio . La acusación sostiene que esa ausencia refuerza la hipótesis de una manipulación intencionada .

Además, denuncian el uso continuado por parte del fiscal de una cuenta personal para asuntos institucionales , algo que no está prohibido expresamente, pero sí desaconsejado por razones de transparencia y trazabilidad.

Defensa de la Fiscalía: “Ya era una información conocida”

Por su parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde , ha defendido que incluso si García Ortiz filtró los correos, “la noticia ya era conocida por muchos medios” y por tanto no tendría trascendencia penal. Añadió que periodistas afines ya conocían las negociaciones con la defensa de González Amador antes de que el fiscal general tuviera acceso a los correos.

Sánchez Conde también respaldó la práctica del borrado de mensajes como una “medida legítima de seguridad” y argumentó que “no ha tenido consecuencias materiales” en el caso.

Un juicio marcado por la sospecha de obstrucción

La declaración del fiscal ha reflejado la tensión entre el argumento técnico de la “seguridad digital” y las acusaciones de una eliminación intencionada de pruebas comprometedoras . García Ortiz ha insistido en que “no es propietario de los datos, sino solo custodio”, y que actúa conforme a protocolos de protección.

Pero para la acusación, la coincidencia temporal entre los cambios de móvil, el acceso a los correos y la filtración es demasiado precisa como para ser casual .

La causa contra García Ortiz continúa en el Tribunal Supremo, en un proceso que no solo cuestiona su continuidad como fiscal general, sino que también pone en entredicho la credibilidad institucional de la Fiscalía en pleno debate nacional sobre transparencia y neutralidad judicial .