Este viernes 14 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibirá a la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, y a la exasesora del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero. Esta citación se produce tras la denuncia de Guerrero contra Pedraza por delitos informáticos y calumnia. La controversia se centra en los cuestionamientos que la congresista hizo sobre la hoja de vida de Guerrero y los títulos que presentó para su postulación como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Jennifer Pedraza ha afirmado que los recientes hallazgos de la Fundación Universitaria San José indican que Guerrero registró títulos fraudulentos en su hoja de vida. "Juliana Guerrero nunca pisó un salón de clases para estudiar, ni el tecnólogo ni en Contaduría Pública, pues se sabe que la universidad no cuenta con registros de notas, de asistencia, de calificaciones, de ninguno de estos dos programas", declaró la congresista. Además, Pedraza comentó que "creo que Juliana Guerrero vino por lana y salió trasquilada", refiriéndose a los señalamientos que Guerrero hizo en su contra.

La congresista ha llevado el caso a la Fiscalía General, denunciando a Guerrero y a varios directivos de la Fundación Universitaria por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

Por otro lado, la revista SEMANA ha revelado en tres reportajes los millonarios contratos que ha firmado Juliana Guerrero con entidades como el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Universidad Industrial de Santander. Estos contratos han sido objeto de controversia debido a la falta de experiencia y títulos profesionales de Guerrero. A sus 22 años, ha tenido contratos de prestación de servicios de asesoría, seguimiento y revisión con estas instituciones.

Guerrero, por su parte, ha manifestado en días recientes que no tiene interés en acceder a cargos del Estado y que su enfoque está en aclarar su situación académica. La situación ha generado un intenso debate sobre la validez de los títulos académicos y la transparencia en la contratación pública.