Las Baleares y Aragón, también gobernadas por el PP, han accedido a poner en marcha la base de datos tras el requerimiento del Gobierno central

La Comunidad de Madrid ha avanzado este viernes que no creará el registro de objetores de conciencia del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales. Las otras dos comunidades apercibidas, Aragón y Las Baleares, también gobernadas por el PP, sí lo hecho, según fuentes del Ministerio de Sanidad, así que solo la presidenta Isabel Ayuso se niega a acatar la ley.

Hoy se cumplía el plazo de un mes que había dado el ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez a las tres comunidades. “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o

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