La Comunidad de Madrid ha decidido no poner en marcha el registro de objetores de conciencia al aborto que el Ministerio de Sanidad reclamó a varias autonomías. El departamento que dirige Fátima Matute ha comunicado que no entregará las listas de los médicos que se niegan a practicar interrupciones del embarazo y que, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere imponer ese control , deberá recurrir a los tribunales. Aragón y Las Baleares, también en manos del PP y sujetas al mismo requerimiento, han optado por el camino contrario y han aceptado activar la base de datos.

El plazo de un mes fijado por Sanidad terminaba este viernes. En ese contexto, la consejera madrileña ha defendido la posición del Gobierno regional y ha resumido su enfoque sobre el aborto: "En la Comunidad de

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