El pasado 8 de noviembre, empezó a regir en Colombia la Ley de Garantías Electorales. Se trata de una norma que busca blindar la contratación pública durante los periodos preelectorales y electorales y garantizar la igualdad de condiciones entre partidos y candidatos.

Ahora, cuando han pasado siete días desde que empezó a regir dicha Ley de Garantías, la Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre un hallazgo que puso en evidencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con ese ente de control, durante la primera semana de noviembre, es decir, antes de que entrara a regir ese marco normativo, se comprometieron $ 9,0 billones en convenios y contratos interadministrativos.

Desde la Contraloría destacaron que se trata de una cifra que supera ampliamente el

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