P LAYA DEL CARMEN, MX.- Al menos cuatro personas mayahablantes recurren al mes al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas de Quintana Roo (INMAYA), para solicitar asesoría jurídica.

Enrique Chuc Cen, titular de esta dependencia, detalló que la mayoría de solicitantes mayahablantes enfrentan procesos judiciales o, bien, son familiares de personas que se encuentran privados de la libertad en cárceles del estado.

Informó que la mayoría de estos casos se presentan en municipios del estado, cuya población es mayahablante en un alto porcentaje.

“Son siempre en zonas como José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y uno que otro en Lázaro Cárdenas”, añadió.

Refirió que el equipo jurídico del instituto primero hace una valoración, y procede exclusivamente a la asesoría legal, al no tener facultades de actuar como juez y parte, ya que eso corresponde a las autoridades en la materia.

Por otra parte, el funcionario dijo que el Inmaya ha intensificado sus acciones para promover los derechos de las comunidades originarias, especialmente en el empoderamiento de las mujeres indígenas y la prevención de la violencia.

Agregó que el organismo participa activamente en caravanas y audiencias públicas, donde ofrece orientación jurídica y distribuye material informativo, sobre todo a mujeres. ( Agencia SIM )