La persecución y afectación del patrimonio de la criminalidad y las distintas formas de delincuencia organizada, uno de los aspectos priorizados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, permitió identificar y afectar con fines de extinción del derecho de domino 7.261 bienes, cuyo valor supera los 8,3 billones de pesos.

La Fiscalía impuso medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1.880 inmuebles urbanos, 504 rurales, 633 muebles (vehículos, aeronaves y embarcaciones), 253 establecimientos comerciales y sociedades; y 3.991 semovientes.

110 acciones afectaron a la delincuencia común, 46 a los grupos narcotraficantes, 16 a las redes vinculadas a delitos económicos, 15 a los involucrados en casos de corrupción, 11 al ‘Clan d

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