La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , ha afirmado este jueves ante el Tribunal Supremo que García Ortiz tenía conocimiento previo de que iba a ser imputado antes de que se hiciera oficial. El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha explicado que esto refuerza la idea de que, en todo caso, el fiscal no borró información de su móvil hasta días después, hasta la confirmación de la imputación. Ha apuntado que esta revelación podría evidenciar filtraciones dentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Como ha recordado Ocio, la jefa de prensa de García Ortiz, Mar Hedo, declaró que el fiscal general le había adelantado que él sabía que sería imputado. Aunque García Ortiz no ratificó eso en su declaración en la que no respondió a preguntas de las acusaciones.

El abogado, Juan Antonio Frago, representante de la asociación de fiscales APIF, ha resaltado ese detalle. Hedo reveló ese dato pero no así su jefe.

Sin embargo, minutos después, Ocio sí validó esta versión , consolidando la tesis de la defensa. «Un contexto mediático excepcional ha desbordado el debate jurídico», señaló inicialmente el letrado, quien denunció la existencia de un « juicio paralelo » basado en conjeturas y filtraciones parciales que ha generado un entorno adverso para la presunción de inocencia.

García Ortiz se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros por supuestamente filtrar un correo enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa del empresario Alberto González Amador . Este correo ofrecía un acuerdo de conformidad para que González Amador reconociera dos delitos fiscales y evitara la cárcel.

Ocio destacó que la única filtración «acreditada en la causa» corresponde a un correo posterior, del 12 de marzo de 2024, que ya reflejaba la existencia de negociaciones de conformidad. Este correo fue publicado por El Mundo horas después de que González Amador, con la mediación de su abogado y del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, contactara con el periodista que firmó la noticia. El letrado del Estado no dice nada sobre la aparición en prensa de frases del mail anterior, el propio pantallazo del mail, o de la propia nota de prensa que se difundió oficialmente horas después.

El abogado subrayó que, «cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, éste pierde su carácter reservado», señalando que los «actos propios» delimitan el momento en que un secreto deja de serlo. Obvia que la parte clave, el mail donde se trabajaba en el reconocimiento de dos delitos fiscales, era desconocida hasta esa noche «dinámica», en palabras de García Ortiz.

La defensa ha puesto también en entredicho la entrada y registro realizados en la investigación. Ocio ha recordado que el auto de entrada y registro resultó « desproporcionado », con siete meses de incautación de información. Señala que la orden del magistrado instructor «no fue cumplida» , se copiaron todos los datos sin cobertura legal, «no se hizo cribado por palabras» y no se personó un profesional independiente que determinara qué información debía llevarse. Además, hasta la fecha, «todavía no se ha hecho un expurgo de la información que sigue a disposición del magistrado instructor».

En cuanto al correo electrónico del 2 de febrero, la defensa destacó que la información permaneció disponible en Gmail hasta que se inició formalmente la investigación. Ocio insistió: «Si García Ortiz tuviera voluntad de ocultamiento, podría haber borrado antes », pero no lo hizo .

La defensa sostiene que 12 fiscales y cuatro funcionarios tenían acceso al correo del abogado de González Amador. Además, recuerda que Neira, el letrado de la pareja de Ayuso, reenvió el correo a la Abogacía del Estado pese a no tener competencias sobre el caso.

Por otra parte, destaca que la comisión rogatoria a Google permitió obtener resultados sobre correos , y un cribado con el apellido del periodista de la SER arrojó seis resultados entre las fechas específicas, pero ninguno relacionado con el informador.