Un escándalo ha estallado en Gendarmería de Chile, donde trece funcionarios han sido formalizados por su participación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas hacia el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio. Entre ellos, destaca el nombre de Constanza Jáuregui Hernández, subteniente y mano derecha de la directora regional de Gendarmería en Tarapacá, Nélida Troncoso Gutiérrez.

Jáuregui ha sido acusada de asociación ilícita y de incumplir deberes propios de su cargo. La investigación, liderada por la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Tarapacá, reveló que los funcionarios penitenciarios conspiraban para permitir la entrada de estupefacientes y otros elementos prohibidos al recinto penal, coordinándose con civiles encargados de los suministros.

La coronel Troncoso, quien asumió su cargo en marzo de este año, había expresado su intención de trabajar en conjunto con su personal para contribuir a la seguridad pública. Sin embargo, no podía prever que su oficial ayudante se vería involucrada en una red de narcotráfico en la región de Tarapacá, un cargo que históricamente ha sido considerado de alta confianza y sensibilidad.

La fiscal regional, Trinidad Steinert, indicó que los delitos configurados incluyen lavado de activos, asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y microtráfico. La investigación ha puesto de manifiesto que la red criminal, compuesta principalmente por suboficiales de Gendarmería, contaba con un control estratégico sobre el penal, facilitando así la internación de sustancias ilícitas.

Además, se ha señalado que la subteniente Jáuregui estaba emparejada con un suboficial encargado de tareas logísticas dentro de la organización criminal, lo que la convierte en una figura clave en esta trama. Se ha indicado que su rol consistía en proporcionar información sensible para proteger los movimientos de los demás implicados, e incluso en ocasiones, simplemente ignorar actividades ilícitas.

La caída de Jáuregui se produjo tras una escucha telefónica en la que su pareja, identificado con las iniciales N.P.B., expresaba su temor a que se descubrieran sus actividades ilegales. Esta conversación, junto a movimientos bancarios sospechosos entre ambos, ha sido fundamental para la investigación que ha sacudido a Gendarmería y ha puesto en entredicho la integridad de la institución en la región.