Unos 13 exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández y cooperativistas fueron citados por la Justicia a prestar declaración indagatoria por el supuesto desvío de 710 millones de pesos destinados a la fabricación de guardapolvos escolares.

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La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, e incluye a las autoridades de tres cooperativas de trabajo y exfuncionarios acusados de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público .

La investigación -según las resoluciones judiciales a las que accedió LA NACION - se centra en la administración in

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