La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha dado un paso significativo al aprobar un informe que recomienda la inhabilitación por 10 años de cuatro fiscales supremos. Los fiscales involucrados son Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela. La decisión se tomó en la tercera sesión extraordinaria del grupo de trabajo, presidido por la congresista Lady Camones Soriano, y fue respaldada por 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. La denuncia, conocida como Denuncia Constitucional 528, fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza. El informe, cuyo ponente fue el congresista Jorge Montoya Manrique, también sugiere acusar a los fiscales por posibles delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y por actuar como instigadores en la usurpación de funciones. La controversia se centra en la Resolución 2246-2024, emitida el 14 de octubre de 2024, que aprobó un reglamento que, según la Subcomisión, violó la Ley 32130. Esta ley modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación delictiva como responsabilidad de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. Se argumenta que la aprobación de este reglamento implicó una usurpación de funciones policiales. El informe ahora deberá seguir su curso en la Comisión Permanente y, posteriormente, ser evaluado por el Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la acusación y la posible inhabilitación de los fiscales mencionados. En paralelo, la Subcomisión también ha estado evaluando otros casos, incluyendo denuncias contra el expresidente Pedro Castillo y otros exministros por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Este desarrollo marca un momento crucial en la supervisión de la conducta de altos funcionarios en el sistema judicial peruano, y se espera que continúe generando debate en el ámbito político y legal del país.