El Congreso del Estado aprobó la reforma a la fracción II del artículo 133 de la Ley de Salud del Estado, impulsada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, para garantizar que los programas de entrega de insumos de salud menstrual incluyan a las personas menstruantes recluidas en los centros penitenciarios de San Luis Potosí.

Esta medida corrige una omisión histórica que ha generado desigualdad dentro del sistema penitenciario, donde sólo el 29.8 por ciento de las mujeres privadas de su libertad reciben insumos básicos como toallas sanitarias. Para quienes cumplen una condena, la pobreza y la falta de alternativas hacen prácticamente imposible obtener estos productos por cuenta propia.

“Desde Movimiento Ciudadano hemos insistido en que la agenda de salud pública debe construirse con

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