El asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue presuntamente ordenado por Ramón Álvarez Ayala, conocido como El R1, un alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta información fue revelada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en una conferencia de prensa el 19 de noviembre. García Harfuch explicó que Jorge Armando “N”, apodado El Licenciado, fue el encargado de planificar el asesinato y de coordinar a otros tres individuos para llevar a cabo el ataque. Las investigaciones continúan y se anticipan más detenciones. En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Harfuch confirmó que El R1 transmitió las órdenes en tiempo real, asegurando que el ataque se llevaría a cabo sin importar las circunstancias. La investigación reveló que la orden de ejecutar a Manzo fue clara: “ejecutarlo estuviera con quien estuviera”. La estructura criminal detrás del asesinato incluye a Ramiro “N”, quien fue coordinador en campo y reclutador de sicarios, y a Fernando Josué “N”, quien acompañó al tirador. Ambos fueron asesinados el 10 de noviembre, lo que sugiere que los autores intelectuales intentaron cortar las investigaciones. Sin embargo, sus teléfonos fueron recuperados y están siendo analizados. El rastreo de estos dispositivos llevó a las autoridades a descubrir un grupo en una aplicación de mensajería donde se coordinó el ataque. En este chat, El Licenciado daba instrucciones directas y presionaba a los involucrados para que dispararan sin dudar. El R1, un personaje clave en el CJNG, comenzó su carrera criminal en 2002 y ha mantenido una estrecha relación con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Tras ser detenido en 2012 y liberado en 2022, consolidó su poder en Uruapan, donde lidera la célula conocida como Los Cannabis. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, no descarta ninguna línea de investigación, incluyendo un posible móvil político. Carlos Manzo había presentado 83 denuncias por corrupción contra la administración anterior, lo que ha llevado a su familia a exigir que se investigue a figuras políticas de la 4T. Harfuch aseguró que se están considerando todas las menciones y que no se descartan líneas de investigación, aunque hasta el momento no hay pruebas que vinculen a políticos de la 4T con el asesinato. El caso sigue en desarrollo, y las autoridades están comprometidas a esclarecer todos los aspectos relacionados con este crimen que ha conmocionado a la comunidad de Uruapan.