En relación con la reciente condena al FGE, resulta imprudente pronunciarse sin conocer los argumentos con los que el Alto Tribunal ha sustentado una decisión tan inédita como institucionalmente trascendente. La Sala ha hecho público el fallo anticipadamente debido a la extraordinaria expectación generada por el caso, pero la fundamentación jurídica aún no se ha conocido. Justo por ello, lo mínimo exigible a los representantes públicos era prudencia. Y, sin embargo, ha ocurrido exactamente lo contrario. En cuestión de minutos, varios miembros del Gobierno y portavoces de formaciones afines se precipitaron a los micrófonos para descalificar el fallo. Algunos afirmaron que «es una auténtica vergüenza». Otros fueron más lejos, denunciando que «han condenado sin pruebas». Estas afirmaciones, f

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