Las reacciones en aparente efecto bola de nieve tras el asesinato de Carlos Manzo podrían tener, en el telón de fondo, el cobro de una factura largamente acumulada en un país que durante décadas se ha autodefinido como democrático, pero que aún hoy no ha conciliado un compromiso de Estado con la seguridad que pueda calificarse en rigor como democrático.

Debí prestar más atención cuando, en 1990, leí aquel material antropológico argentino que explicaba cómo las personas dedicadas a la seguridad ciudadana -y en particular a la reforma policial- suelen ser menospreciadas desde la academia. No estaba preparado entonces para entender el profundo significado de esa advertencia. Con el tiempo lo fui descifrando y ahora la historia parece colocar en su sitio las consecuencias de ese desprecio, no

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