La renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentada este lunes al ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha puesto de relieve las grietas de transparencia en la justicia española. El Tribunal Supremo lo condenó la semana pasada a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados, en un proceso marcado por dudas y discrepancias internas, que ha terminado precipitando su salida sin esperar siquiera a conocer la motivación completa de la sentencia.

La condena se vincula a la filtración de información en la causa contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusado de un presunto delito fiscal. El fallo del Supremo, que incluye el voto particular de dos magistrados en desacuerdo, ha generad

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