La democracia en Brasil ha estado bajo una intensa presión durante los últimos tres años. Este sábado, la tensión alcanzó un nuevo pico. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue puesto bajo custodia preventiva tras ser acusado de intentar manipular su tobillera electrónica, lo que representa un riesgo de fuga. Esta medida fue dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) y se considera una de las respuestas más drásticas que una democracia puede tomar contra un exmandatario.

Bolsonaro, ya condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado, ha desafiado repetidamente las instituciones democráticas del país. Su detención preventiva ha sido vista por sus simpatizantes como una injusticia perpetrada por un STF politizado. Durante años, los manifestantes de derecha han protestado contra la Corte, mientras que otros brasileños expresan su preocupación por el poder sin precedentes que ha acumulado el Poder Judicial.

La situación se ha intensificado desde que Bolsonaro perdió las elecciones ante Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. El 8 de enero de 2023, sus seguidores asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia, lo que marcó un punto de inflexión en la confrontación entre el expresidente y las instituciones del país. Bolsonaro utilizó el panorama digital como un arma política, orquestando una vasta maquinaria de desinformación que convirtió a jueces, periodistas y funcionarios en objetivos de ataques.

La Corte Suprema, ante la falta de acción de los fiscales, decidió abrir una investigación sobre las noticias falsas y las amenazas a la democracia. Esta intervención fue criticada, pero se convirtió en un marco legal que permitió al STF enfrentar las amenazas que surgieron. La pandemia de COVID-19 también exacerbó la crisis, ya que Bolsonaro minimizó la gravedad del virus y socavó los esfuerzos de vacunación, lo que resultó en más de 700.000 muertes en Brasil.

A medida que la situación se deterioraba, el STF asumió un papel crucial, ordenando la publicación de datos sanitarios y reafirmando la autoridad de gobernadores y alcaldes para implementar medidas de protección. En este contexto, el Poder Judicial se convirtió en un baluarte de la salud pública, llenando el vacío dejado por un Poder Ejecutivo ineficaz.

La reciente detención de Bolsonaro no es un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio que ha puesto a prueba los límites de la democracia brasileña. Filipe Campante, profesor de la Universidad Johns Hopkins, señala que, aunque las instituciones democráticas han prevalecido, también han revelado debilidades estructurales. El STF ha asumido un protagonismo que refleja un desequilibrio institucional más profundo, donde el Congreso ha delegado responsabilidades en momentos críticos.

El papel del STF ha sido sin precedentes, abriendo investigaciones y arrestando a un expresidente, lo que ha llevado a una situación en la que la rama judicial, menos preparada para el combate político, se ha convertido en la que asume la carga más pesada. Esto ha generado un sistema que, aunque parece sesgado, refleja una democracia que se adapta en tiempo real para defenderse.

La presión sobre Bolsonaro también ha tenido repercusiones en la política exterior. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el procesamiento de Bolsonaro como una "caza de brujas" y aplicó aranceles del 50% a las importaciones brasileñas. Sin embargo, la respuesta de Trump al arresto de Bolsonaro fue tibia, lo que ha llevado a comparaciones con la situación política en Estados Unidos.

En resumen, la democracia brasileña se encuentra en un momento crítico, con instituciones que luchan por mantener el equilibrio en un entorno cada vez más polarizado y desafiante. La detención de Bolsonaro es solo un capítulo en una historia más amplia de tensiones políticas y desafíos democráticos en Brasil.