Teresa Peramato, una jurista curtida en la defensa de las víctimas y en el rigor procesal, llega a la cúspide de la Fiscalía General del Estado con la misión de apagar el incendio institucional que deja Álvaro García Ortiz tras su condena e inhabilitación. Con un alto grado de consenso en torno a su nombramiento, aprobado en pleno vendaval político, el Gobierno parece apostar por cerrar heridas en un Ministerio Público marcado por la desconfianza, y proyectar la imagen de una fiscal de carrera solvente, con el reto de borrar el tinte de politización que siempre ha perseguido a este organismo, especialmente durante la etapa de su antecesor.

La propuesta de Teresa Peramato para ser la 18 al frente de la Fiscalía General del Estado sitúa en esta institución a una jurista de carrera con 35 añ

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