La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión provisional sin fianza para el exministro José Luis Ábalos . Se trata de una medida preventiva ante la elevada condena a la que se expone en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia. El juez Leopoldo Puente tomará una decisión en las próximas horas. 

El magistrado del Tribunal Supremo ha citado este jueves al ex ‘número tres’ del PSOE y quien fuera su asesor Koldo García a petición de la Fiscalía y las acusaciones populares para comparecer en una vista sobre las medidas cautelares que pesan sobre ambos. Hasta ahora, debían comparecer cada 15 días en el juzgado y también se les había retirado el pasaporte. La vista sobre las medidas de Koldo García se celebrará a partir de las 12.30 horas.

Los tres supuestos que recoge la ley para que un juez dicte prisión provisional son: riesgo de destrucción de pruebas, de fuga o reiteración del delito. El primero y el último parecen superados, pero la petición de hasta treinta años de cárcel que pesa sobre el exdirigente socialista se ha interpretado por el fiscal jefe Alejandro Luzón como motivo suficiente para su posible huida.

El pasado octubre ya se celebró una vistilla sobre el posible ingreso en prisión de Ábalos y Koldo. Ocurrió después de que ambos se negaran a declarar ante el juez en la pieza de las adjudicaciones de obra pública, la misma que ha mantenido al exdirigente socialista Santos Cerdán en la cárcel cinco meses. Entonces, la Fiscalía no reclamó su entrada en la cárcel y el juez Puente no les envió a prisión aunque advirtió del “creciente riesgo de fuga” ante la cercanía del juicio. 

El posible ingreso en prisión de Ábalos tiene unas consecuencias políticas directas, las que se desprenden de su condición de diputado del Grupo Mixto. Fuentes del Congreso de los Diputados aseguran que si el magistrado Puente acaba decretando su ingreso en prisión, la Cámara suspendería a Ábalos, que perdería su derecho a participar en las votaciones parlamentarias.

En el caso de que la Cámara llegase a disolverse, por la convocatoria de elecciones, y él siguiera en prisión, Ábalos no tendría derecho a percibir la indemnización que contempa el Congreso para los parlamentarios cuando dejan de serlo. Solo una decisión de Ábalos de renunciar a su acta de diputado antes de ser encarcelado le permitiría mantener esa indemnización, según fuentes parlamentarias.