CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez federal acordó someter a juicio al presunto autor intelectual del asesinato de un popular alcalde de la ciudad mexicana de Uruapan y a siete de sus escoltas, que permanecerán detenidos mientras avanzan las investigaciones, anunciaron el jueves autoridades estatales.

La Fiscalía del estado occidental de Michoacán –donde está Uruapan– informó que tras una audiencia, que se extendió por varias horas, un juez federal vinculó a proceso a una de las personas que presuntamente participó en la planeación y coordinó el homicidio del alcalde Carlos Manzo, quien ha sido identificado como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

El detenido fue imputado de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

Asimismo, fueron vinculados a proceso siete policías municipales que formaban parte de la seguridad de Manzo, quien fue asesinado a tiros el 1 de noviembre en la principal plaza de Uruapan en medio de la celebración del Día de Muertos ante decenas de personas. Tras el ataque el tirador, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue abatido en la plaza por uno de los escoltas.

Los siete escoltas fueron vinculados a proceso e imputados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por omisión, detalló la fiscalía estatal. Aún permanece prófugo de la justicia un octavo escolta del alcalde, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El juez dio un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias del caso.

Según medios locales, el presunto autor intelectual negó durante la audiencia su participación en el crimen y denunció que fue víctima de torturas tras ser arrestado. El juez también ordenó investigar la denuncia del detenido.

“El Licenciado” fue identificado por las autoridades como integrante de una célula delictiva de Michoacán vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su detención se dio tras el análisis de llamadas telefónicas, mensajes de texto y videos que permitieron identificar a una parte de los miembros del grupo que participaron en el homicidio, entre ellos el joven identificado solamente como Fernando Josué, quien acompañó al tirador horas antes del crimen y que fue localizado muerto el 10 de noviembre junto a otro hombre identificado como Ramiro “N”.

En Michoacán, que es el principal productor de aguacate y limón del país, operan células del CJNG, la Familia Michoacana y las organizaciones locales Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya.

Las autoridades locales aún no han logrado determinar el móvil del homicidio del popular alcalde, de 40 años, cuya muerte desató protestas en la capital mexicana y las ciudades de Morelia, capital de Michoacán, Uruapan y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, admitió esta semana que “había una confrontación permanente con estos grupos delincuenciales” que operan en Uruapan y que hubo “una serie de acciones” del alcalde que estaban afectado a esas organizaciones criminales, pero no abundó sobre el tema.

Por su parte, Grecia Quiroz, viuda de Manzo y quien asumió la alcaldía tras el asesinato, dijo el jueves a la emisora local Radio Fórmula que la investigación incluye la motivación política del asesinato. “Estoy exigiendo que se aclaren todas estas líneas de investigación y que se dé con el verdadero responsable del que ordenó este asesinato”, agregó.

En medio del malestar que generó el asesinato de Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 4 de noviembre el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” para reforzar la seguridad en el estado con más de 10.000 agentes federales y activar un “esquema integral” que incluirá programas sociales y económicos para atender las causas de la violencia, uno de los ejes de la política de seguridad que instauró desde que llegó al gobierno hace un año.