A pocas horas de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emita su sentencia sobre el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo ha presentado un nuevo recurso legal. Este escrito, ingresado esta mañana, busca frenar el fallo alegando graves vulneraciones a sus garantías procesales. El recurso solicita la inhibición de los jueces José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez, argumentando "parcialidad manifiesta" y "adelanto de opinión". Castillo sostiene que la Fiscalía "carecía de competencia" para investigarlo sin un proceso de antejuicio previo, dado que era presidente en funciones en el momento de los hechos. En su documento, Castillo invoca una supuesta "inobservancia del artículo 450 del Código Procesal Penal", que regula los procedimientos para altos funcionarios. Además, exige la suspensión inmediata de la audiencia de sentencia programada para hoy, alegando "afectación grave e insalvable" a las garantías de independencia e imparcialidad judicial. El escrito también solicita que se incorpore el video oficial de las audiencias como medio probatorio y que se registren todas las presuntas vulneraciones para futuras apelaciones o revisiones constitucionales. Castillo ha presentado múltiples recusaciones a lo largo del proceso, lo que, según él, demuestra que no ha actuado con extemporaneidad ni abuso procesal. Sin embargo, dos de estas recusaciones fueron declaradas improcedentes por el tribunal, decisiones que ahora también busca anular. El juicio oral, que ha durado más de ocho meses, ha incluido decenas de testigos y varios incidentes procesales. La Sala Penal Especial cerró el debate el pasado viernes, anunciando que la sentencia se leería hoy. Castillo enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, con una solicitud de 34 años de prisión por parte de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada. Para sus excolaboradores, el Ministerio Público plantea penas que oscilan entre 11 y 25 años de cárcel. Durante el juicio, se mencionó la posibilidad de recalificar los hechos como una conspiración para la rebelión, lo que podría reducir la pena de Castillo a 19 años y 30 días. La sentencia también determinará si se impone una reparación civil superior a S/ 65 millones, como solicita la Procuraduría General del Estado. Una condena por rebelión o conspiración podría bloquear la intención de Castillo de postular al Senado con Juntos por el Perú, ya que la legislación electoral impide que un ciudadano condenado por delito doloso sea candidato. La misma situación se aplicaría a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en la Embajada de México y también tiene aspiraciones parlamentarias.