Urge liberar las carreteras. A nadie conviene que sigan cerradas, ni a los transportistas o productores porque ello dificulta llegar a acuerdos. Y es que el supremo gobierno no puede negociar bajo presión, sea que el poder no debe aceptar amenazas, algunas fuera de contexto, que le colocarían en difícil situación lo cual parecen no entender quienes mantienen cautiva (al menos a la hora en que se escribían estas líneas), a buena parte de la república.

Usted dirá que ante todo está el interés de la población y es cierto. De ahí la urgencia de resolver el problema. En este sentido debiera imponerse la institucionalidad, es decir hacer valer la ley y todo lo que significa. Y si grupos de la tendencia que sea, están aferrados a violentar el libre tránsito la autoridad está en la obligación de

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