n los últimos días circuló entre el magisterio chihuahuense una versión preliminar del Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes en Educación Básica del Estado de Chihuahua, promovido por el Gobierno estatal. A través de una supuesta encuesta de conformidad, las y los docentes se enteraron de que dicho protocolo les atribuye, de manera amplia y general, la responsabilidad de operacionalizar diversas acciones orientadas a garantizar la seguridad al interior de los planteles.

Como es habitual, resulta prácticamente imposible encontrar voces que se opongan a medidas dirigidas a proteger los derechos, la seguridad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Con mayor razón cuando estas estrategias se sustentan en marcos normativos l

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