AlianzaIn, que agrupa a aplicaciones como DiDi, Uber y Rappi, advierte que la medida traerá efectos negativos para repartidores, comercios y consumidores en CDMX.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) validó la constitucionalidad del impuesto del 2% que la Ciudad de México cobra a plataformas digitales de reparto y entrega a domicilio, una medida que reaviva el debate sobre la regulación fiscal de la economía digital y que, de acuerdo con las compañías de tecnología involucradas, podría repercutir en miles de trabajadores y pequeños negocios.

El gravamen, incluido en el Código Fiscal capitalino desde 2022, establece que empresas como Uber , Rappi o DiDi deben pagar un 2% sobre cada operación vinculada al uso de infraestructura urbana. El argumento

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