La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial ha negado la tutela presentada por Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta decisión se produce en el contexto de una investigación abierta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que Roa fue exgerente.

El Tribunal concluyó que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso de Roa, quien argumentó que el CNE no realizó una práctica completa de las pruebas decretadas. En octubre de 2024, el CNE formuló cargos contra él por supuestas violaciones a los límites de ingresos y gastos durante la campaña de la Coalición Pacto Histórico. Roa sostiene que la falta de pruebas afecta su derecho a defenderse adecuadamente.

Además, el presidente de Ecopetrol mencionó que el CNE había sometido a votación una ponencia que proponía sancionar la campaña de Petro, la cual fue aprobada con 5 votos a favor y 2 en contra, aunque se requerían al menos 6 votos para validar la sanción. En consecuencia, Roa solicitó la anulación de la decisión del 6 de mayo de 2025 que cerró la etapa probatoria, la reapertura de dicha etapa y la práctica de todas las pruebas decretadas.

El Tribunal también ha indicado que Roa aún tiene otras instancias legales para apelar la sanción impuesta por el CNE, que incluye multas significativas a él y a otros miembros de la campaña. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha confirmado que la Fiscalía está investigando dos líneas relacionadas con la campaña del Pacto Histórico, incluyendo la posible entrada de fondos ilegales y violaciones a los topes electorales.

El CNE sancionó a la campaña Petro Presidente el 27 de noviembre, imponiendo multas que superan los $2.4 mil millones en la primera vuelta y más de $583 millones en la segunda, además de irregularidades que suman más de $2.8 mil millones. Gustavo Petro no está incluido en esta resolución debido a su condición de presidente, lo que significa que cualquier investigación sobre su responsabilidad recaerá en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Con la tutela negada y las investigaciones en curso, el futuro judicial de Ricardo Roa y su entorno político se mantiene incierto y bajo presión.