Camilo Cordero Fabbri ha presentado su renuncia como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción (OA). Su salida se produce tras revelarse que defendía a Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados en la causa ANDIS, quien actualmente se encuentra detenido por explotación de la prostitución.

Fuentes oficiales confirmaron que, al enterarse de su participación en un caso judicial relacionado con delitos de corrupción y trata, se le planteó una disyuntiva: mantener su puesto en la OA o continuar con su actividad privada como abogado. Finalmente, Cordero Fabbri optó por dejar su cargo. Desde el Gobierno se subrayó que, aunque tenía un ejercicio profesional libre, no podía intervenir en expedientes de corrupción, lo que hizo incompatible su doble rol.

Cordero Fabbri representaba a Calvete en un caso por explotación sexual ajena, donde el Tribunal Oral Criminal N.º 4 le impuso una condena de cuatro años de prisión. Aunque no figuraba como abogado formal en la causa ANDIS, estuvo presente durante los allanamientos realizados al empresario, quien es señalado por la fiscalía como un operador informal entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y varias empresas proveedoras.

Los investigadores han indicado que los empleados de Calvete tenían instrucciones de contactar a Cordero Fabbri en caso de procedimientos judiciales. Cordero Fabbri había ingresado a la OA en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, con un nombramiento inicial de solo 180 días.

En cuanto a la situación judicial de Calvete, la fiscalía lo considera una figura clave en el entramado de irregularidades dentro de la ANDIS. Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, Calvete actuaba como intermediario entre diversas droguerías, como Profarma S.A., Profusión S.A. e INDECOMM S.R.L., y funcionarios del organismo, a pesar de no tener un cargo oficial en la estructura estatal.

La investigación sostiene que mantenía una relación directa con el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y con el funcionario Daniel María Garbellini, coordinando pagos y contrataciones. Se le acusa de influir en adjudicaciones millonarias y gestionar pagos a funcionarios y proveedores, con un perjuicio estimado de alrededor de 37.000 millones de pesos.

Durante los allanamientos, se incautaron diversos bienes y cerca de 700 mil dólares. Calvete, por su parte, se ha negado a declarar hasta el momento. Los investigadores consideran relevantes sus cuadernos personales, donde, según la fiscalía, habría registrado detalles del esquema de corrupción atribuido a su figura y a otros involucrados.