La decisión del Gobierno nacional de avanzar en la desregulación de toda la cadena productiva vitivinícola abrió una grieta profunda en la industria del vino argentino. Sin embargo, las medidas más recientes que implican un recorte de las funciones de contralor del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), acercaron posiciones entre entidades y empresas que venían mostrando posturas enfrentadas.

La derogación de 973 normas , la creación de un digesto único y la focalización del control estatal en el producto final, fueron medidas que las autoridades nacionales describen como una modernización y una desburocratización del sector.

Sin embargo, estos cambios no fueron bien recibidos por los principales protagonistas de la cadena productiva vitivinícola, que interpretan qu

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