El juez Ismael Moreno activa una diligencia similar a cuando el tribunal exigió al PP dos décadas de movimientos bancarios para estudiar los 'papeles de Bárcenas' que habían destapado la existencia de una caja B millonaria dentro del caso Gürtel

El PSOE pregunta al juez si solo quiere los pagos en metálico de Cerdán y Ábalos o de todos los trabajadores

Un juez de la Audiencia Nacional envió en 2013 una bomba en forma de auto a la cercana sede del Partido Popular. El magistrado Pablo Ruz dio cinco días a la formación para aportar 20 años de documentos internos del partido: dinero en efectivo, cheques y donaciones. El magistrado investigaba entonces los papeles de Bárcenas, uno de los pilares del caso Gürtel. Esta semana ha sido otro juez, Ismael Moreno, el que ha puesto en marcha una diligencia similar por un asunto tan diferente como cuantitativamente inferior: ha solicitado al PSOE los detalles de todos los pagos en efectivo que ha hecho entre 2017 y 2024.

En el caso de los socialistas, la sospecha surge de los descuadres detectados por la Guardia Civil en abonos a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, que pasaron algo más de 60.000 euros al partido por gastos de comidas, hoteles, gasolina o kilometraje entre 2017 y 2021. La petición de información del juez Moreno impactó con fuerza en la calle Ferraz.

Los socialistas llevan meses enviando documentación al Tribunal Supremo sobre los pagos que hicieron a lo largo de los años a sus dos secretarios de Organización a medida que iban surgiendo las dudas y a medida que el juez Leopoldo Puente y la Guardia Civil encontraban números que no cuadraban: desde sus sueldos, hasta las donaciones que habían hecho al PSOE. Esta nueva vía, ya convertida en diligencias penales y no en aclaraciones, va mucho más allá.

El magistrado, a cargo de la pieza troncal del caso Koldo que estalló en febrero de 2024, reclama esta ingente cantidad de información a instancias del fiscal del caso, que considera que la documentación ofrecida por el partido “no es esclarecedora” y que es necesaria una investigación para “despejar las incógnitas existentes”.

El representante de Anticorrupción pidió que el PSOE aportara tanto las liquidaciones de esos siete años como sus justificantes para “determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico”. Su tesis es que los descuadres en los abonos por parte del PSOE podrían deberse a un “blanqueo de capitales”, un “posible desfalco cometido contra el partido” u “otras eventuales irregularidades”. El instructor también recogió el guante del juez del Tribunal Supremo, que no quedó satisfecho con las explicaciones sobre cómo liquidaba gastos el partido con dinero en efectivo por gastos de sus empleados.

El contraste con los millones del PP

La diligencia se mira en el espejo de las que puso en marcha Ruz cuando El País desveló que el Partido Popular tenía una contabilidad paralela, primero registrada por Álvaro Lapuerta y después por Luis Bárcenas como custodios de la fortuna B de la formación. Un flujo millonario e incontrolado de dinero que era bidireccional: los grandes empresarios hacían donaciones a esa caja y de esa caja salían los sobresueldos de los altos cargos del partido. Ocho millones en donaciones y unos sobresueldos nunca declarados a Hacienda.

Sobre todos estos pagos, que fueron reclamados masivamente por el juez Ruz, pesó siempre una sospecha principal: que los empresarios financiaban al PP a espaldas del fisco y a cambio de adjudicaciones en los territorios y administraciones que controlaba el partido. Los empresarios nunca fueron condenados y la investigación específica se archivó aunque el PP ha encajado ya varias condenas como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la trama corrupta. La existencia de la caja B también terminó siendo un hecho probado en las sentencias del caso Gürtel.

Es el espejo en el que se mira la diligencia puesta ahora en marcha por el juez Ismael Moreno sobre los pagos en efectivo del PSOE a sus trabajadores cuando liquidaban gastos que previamente habían abonado ellos, o a solicitar un adelanto: taxis, restaurantes o billetes de tren, entre otros. Un dinero que, según ha explicado el PSOE, salía de sus cuentas bancarias fiscalizadas –en torno a un millón de euros en ese periodo de tiempo– y se entregaba a los empleados.

Este viernes, el PSOE pidió una aclaración ante una petición de tal magnitud. Los abogados de Ferraz se dirigieron al juez para pedir más detalles. Sobre todo, que explique si quiere examinar todos y cada uno de esos gastos en efectivo pagados a todos y cada uno de sus trabajadores, o si solo requiere los que tienen que ver con los imputados en las múltiples ramificaciones del caso: Ábalos, Cerdán y Koldo García. Exigir toda esa documentación, advierte el PSOE, se acerca al concepto ilegal de investigación “prospectiva” y, además, tiene un riesgo añadido: implica poner en manos de las acusaciones populares –PP, Vox y HazteOir, entre otras– datos personales de decenas de empleados del partido.

Los descuadres que halló la UCO

El magistrado de la Audiencia Nacional empezó a indagar en las liquidaciones del PSOE tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que planteaba la posibilidad de que el exministro y quien fuera su mano derecha utilizaran los gastos que pasaban al PSOE para blanquear el dinero de las mordidas que supuestamente cobraron de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes.

Puente construyó esa hipótesis tras constatar los escasos controles existentes sobre unos reintegros que el PSOE abonó mayoritariamente en efectivo hasta 2020. Y puso el foco, especialmente, en el hecho de que el partido no comprobara si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados en metálico o con tarjeta.

El juez del Supremo derivó las sospechas sobre el blanqueo con tickets a la Audiencia Nacional tras haber interrogado, como testigos, al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez. La citación de ambos se produjo después de que un informe de la UCO hallara un descuadre de miles de euros en los pagos en efectivo al exdirigente socialista y a quien fuera su mano derecha.

Como parte de la investigación patrimonial a Ábalos, el juez pidió al PSOE que informara de todas las cantidades abonadas o transferidas a Ábalos, así como de las posibles donaciones del exdirigente. El PSOE informó de que había pagado en efectivo 19.638 euros a Ábalos y 12.744 a Koldo García por liquidaciones de gastos entre 2017 y 2021.

La UCO puso en contexto esa información con los mensajes y audios intervenidos a Koldo García, que adjuntaban fotografías de sobres con dinero. Y concluyeron que, en algunos de ellos, se aludía a supuestas entregas de dinero por parte del partido que no tenían “correspondencia” con las cifras que el PSOE había comunicado al Supremo. Se analizaron cinco años de pagos y se hallaron descuadres en 2018, 2019 y 2020.

Ante este escenario, el PSOE intentó acreditar con documentación bancaria oficial su gestión financiera para descartar la existencia de una caja B, de financiación ilegal, o de descuadres sospechosos en los pagos en metálico que recogía periódicamente Koldo García. El partido documentó el origen del dinero en metálico —casi un millón de euros— que durante siete años utilizó para pagar gastos de todo el partido. Cogían ese dinero —12.000 euros de media al mes— de la cuenta corriente que tiene abierta el PSOE en el BBVA donde se ingresan las subvenciones públicas que recibe y las cuotas de sus afiliados.

Además, remitieron al juez todos los abonos en billetes —nunca de valor superior a 50 euros porque era lo que el BBVA les enviaba— que hicieron durante siete años a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, además de, sin especificar nombres, el área de Organización. En total, 189.000 euros repartidos entre Ábalos (19.859), Koldo García (11.291), Santos Cerdán (30.797) y los trabajadores de la Secretaría de Organización (127.738).