BUENOS AIRES (AP) — Exoficiales militares que prestaron servicio durante la brutal dictadura de Argentina y sus familias organizaron una inusual manifestación el sábado para exigir la liberación de compañeros oficiales encarcelados por abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen de la junta entre 1976 y 1983.

La manifestación del sábado fue vista como una provocación en el país del Nunca Más, el lema que representa el compromiso de Argentina de no volver al autoritarismo.

Elevando aún más las tensiones, los oficiales se reunieron en la Plaza de Mayo, el sitio histórico para las protestas de las mujeres que buscan a niños que fueron secuestrados, detenidos y "desaparecidos" por la junta. Rodeando la plaza en protesta silenciosa cada jueves durante décadas, las mujeres llegaron a ser conocidas como las Abuelas de la Plaza de Mayo.

Para los críticos de los oficiales del ejército, incluidos decenas de contramanifestantes que también acudieron a la Plaza de Mayo en el centro de Buenos Aires el sábado, la audaz manifestación marcó una señal preocupante de que comenzaban a aparecer fisuras en el consenso nacional sobre el sangriento legado de la dictadura.

En un cambio drástico respecto a gobiernos pasados, el presidente derechista Javier Milei ha justificado frecuentemente el terrorismo de Estado de la dictadura, el cual ha descrito como una guerra complicada contra guerrillas izquierdistas.

Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, es hija de un teniente coronel argentino y una abogada ultraconservadora que pasó años defendiendo a las fuerzas armadas y a los argentinos asesinados por guerrilleros de izquierda, a quienes ella llama las "otras víctimas" del terrorismo.

El impulso del gobierno por reconsiderar los crímenes de la dictadura ha enfurecido a los grupos de derechos humanos, que lo ven como un intento de legitimar los asesinatos extrajudiciales sistemáticos de civiles por parte del ejército. Se estima que la junta mató o desapareció a hasta 30.000 argentinos.

Milei tomó otra medida controvertida la semana pasada, cuando nombró al jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, como nuevo ministro de Defensa de Argentina.

Su oficina dijo que esto convierte a Presti en el primer oficial militar en ocupar un cargo ministerial desde el regreso de Argentina a la democracia en 1983, "inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales".

Una queja común entre los manifestantes que se reunieron el sábado para cantar el himno nacional y levantar pancartas en las que exigían libertad para los militares encarcelados es que la sociedad argentina le roba al ejército el respeto que merece.

"Pedimos la reivindicación moral de todos los veteranos", dijo María Asunción Benedit, la organizadora de la manifestación, cuyo difunto esposo, un capitán del ejército, ayudó a liderar una brutal campaña en 1975 contra las guerrillas en la provincia norteña de Tucumán.

"El pueblo argentino sigue el relato oficial. ¿El relato de quién es? Del enemigo, de los terroristas..., de aquellos que lucharon contra nuestros soldados", dijo, refiriéndose a cómo los gobiernos peronistas de izquierda de principios de los 2000 hicieron de la recuperación de la memoria de la dictadura y de la búsqueda de justicia para los perpetradores un sello distintivo de sus administraciones.

Ella y otros enarbolaron pañuelos negros, una respuesta a los pañuelos blancos bordados con los nombres de los niños desaparecidos que tradicionalmente usan las Abuelas de la Plaza de Mayo.

A diferencia de otros países latinoamericanos que ofrecieron amnistía a quienes cometieron crímenes militares después de restaurar la democracia, Argentina ha juzgado y sentenciado a más de 1.000 funcionarios y oficiales del ejército por su participación en terrorismo de Estado, muchos a cadena perpetua. Cientos aún esperan juicio.

Pedro Nieto, un veterano de la era de la dictadura que viajó 36 horas desde la provincia norteña de Salta para asistir a la manifestación del sábado, dijo que sentía que estaba enviando un mensaje potente al pedir la liberación de sus colegas encarcelados en la simbólica Plaza de Mayo.

Estamos "orgullosos de haber combatido y eliminado a los terroristas", comentó.

Alejandro Pérez, cuyo tío fue secuestrado y desaparecido por la dictadura, dijo que le aterraba ver a veteranos como Nieto —que participaron en la letal represión estatal— "enfrente de la casa de gobierno, protegido por la policía, protegido por vallas, pudiendo hacer un acto para pedir la libertad de los pocos genocidas presos".

La policía acordonó la manifestación de los exoficiales militares, manteniéndolos a una distancia segura de los contramanifestantes enojados que gritaban insultos y sostenían carteles con lemas como "Nunca Más" y "los 30.000 están presentes".

"Se siente en el cuerpo", manifestó Pérez, empapado por la lluvia mientras marchaba entre defensores de los derechos humanos y organizaciones de izquierda.

Las manifestaciones contrapuestas se producen un día después de que el Comité Contra la Tortura, perteneciente a la ONU, entregara un informe en Ginebra que generó alarma por el desmantelamiento por parte del gobierno de Milei de programas que habían investigado las acciones militares durante la dictadura, así como "sus recortes presupuestarios a varias instituciones que trabajan en temas de memoria, verdad y justicia".

También criticó la falta de transparencia del gobierno sobre el pago de reparaciones a las víctimas de la dictadura.

Milei, un libertario radical elegido a finales de 2023, se ha propuesto lograr un superávit fiscal mediante recortes al gasto estatal en un país notorio por sus enormes déficits. Pero aun cuando recorta el gasto en salud y educación, se ha comprometido a aumentar el presupuesto del ejército.

Al pronunciarse en la reunión anual del Comité Contra la Tortura este mes, Alberto Baños, el principal funcionario de derechos humanos de Milei, disputó los hallazgos del informe e insistió en que su gobierno estaba comprometido con una memoria histórica completa, imparcial y no intrusiva.

"Más allá de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos, y nosotros no lo vamos a tolerar", aseveró.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.