Habrían dado apariencia de legalidad a algo más de 153.785 millones de pesos e incrementado injustificadamente su patrimonio en 1.819 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares a cinco personas señaladas de utilizar el nombre y los productos financieros de nueve empresas de papel para poner en funcionamiento un modelo de venta de facturas desde Bogotá.

Estas personas contaban con los documentos de constitución e inscripción ante la cámara de comercio de las compañías, pero no las tenían en operación. En realidad, las habrían usado para crear facturas electrónicas en favor de otras empresas, que las utilizaban como soportes para las declaraciones de renta e IVA y favorecer

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