Adjudica el mayor contrato hasta ahora del caso Berkeley, por 984.800 euros; la minera australiana que contrató a Lamela y García-Legaz pide 1.000 millones de dólares por su frustrado proyecto en Salamanca

Las minas que impulsa la UE en España están en manos de gigantes mundiales, ultrarricos y directivos multados por la CNMV

El Gobierno ha gastado ya más de un millón de euros en asesores para preparar la defensa contra la multimillonaria demanda de arbitraje internacional que interpuso en junio de 2024 la minera Berkeley. Esta pequeña empresa australiana, que en los últimos años ha fichado a varios ex cargos del PP, reclama al Reino de España 1.000 millones de dólares de indemnización (859 millones de euros, al cambio actual) por denegar los permisos para abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

El mayor contrato hasta ahora, para asistencia técnica económica en el procedimiento arbitral de Berkeley, se acaba de adjudicar por 984.800 euros a la estadounidense Quadrant Economics por el procedimiento negociado sin publicidad, al estimarse “que concurre una situación de imperiosa urgencia”, ya que, explica la Abogacía del Estado, el Tribunal que debe sentenciar el caso ya se ha constituido y el pasado 8 de mayo se celebró la primera sesión con los árbitros y la parte contraria para intentar negociar el calendario procesal.

A este contrato se suma el adjudicado en octubre por 54.500 euros a un equipo de expertos de la Universidad de Zaragoza para prestar asistencia especializada en derecho administrativo; y otro valorado en 195.750 euros para servicios de traducción que está pendiente de adjudicarse.

Berkeley fichó en 2022 como asesor a Jaime García-Legaz, ex secretario de Estado de Comercio con Rajoy, expresidente ejecutivo de Aena y técnico comercial del Estado en excedencia. Hace una década, cuando estaba tramitando el proyecto de Retortillo, contrató como lobbista en Bruselas a otro alto funcionario en excedencia vinculado al PP, Manuel Lamela, abogado del Estado y polémico exconsejero de Sanidad con Esperanza Aguirre.

Cuando Berkeley contrató a Lamela, el comisario europeo de Energía era Miguel Arias Cañete, su ex jefe en el Ministerio de Agricultura en la época de José María Aznar. Lamela fue uno de los clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro investigado en un escándalo de supuesto tráfico de influencias. Recientemente, ha participado junto con Felipe González, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Susana Díaz en un acto patrocinado por SOS Rural, lobby agrario muy crítico con las renovables.

Berkeley tuvo en sus primeros años como consejero a José Ramón Esteruelas, que con Aznar fue director general de Correos y consejero delegado de la empresa pública Cetarsa. Su principal ejecutivo en España, Francisco Bellón, fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por una infracción “muy grave”, comprar y vender acciones de la compañía a finales de 2020, estando en posesión de información privilegiada, como reveló elDiario.es en abril de 2024.

Unos días después de destaparse esa multa, Bellón cesó como consejero de la compañía, pero se mantiene como chief operating officer. La CNMV publicó la sanción en mayo de 2024, semanas antes de que Berkeley presentara su demanda contra España en el Ciadi (el tribunal de arbitraje del Banco Mundial).

Bellón es también asesor de Abenójar Tungsten, promotora de la mina de El Moto, en Ciudad Real, uno de los proyectos que seleccionó en marzo la UE para extraer minerales críticos en España. Un área de interés de Berkeley, que en octubre anunció resultados positivos en un trabajo preliminar de pruebas metalúrgicas completado en muestras representativas de su proyecto Conchas (Salamanca), que evalúa la recuperación potencial de litio y rubidio.

El contrato adjudicado a Quadrant para el arbitraje ante el Ciadi contempla varios escenarios, incluyendo la posibilidad de elaborar un informe pericial sobre el laudo que en su día se dicte, “incluyendo un análisis de posibles motivos de anulación relativos al quantum”, según la documentación del expediente.

La firma elegida ya tiene experiencia en asesorar al Reino de España. En las denuncias de inversores internacionales por los recortes a las energías renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy ha intervenido en siete de estos procedimientos. Con estos pleitos, que han propiciado un gasto en asesores superior a los 40 millones (cerca de un millón ha correspondido a Quadrant), están haciendo negocio varios responsables del Instituto Juan de Mariana, think tank ultraliberal cercano a la nueva derecha madrileña.

Además de tener experiencia en los arbitrajes de las renovables, Quadrant también asesoró a la Abogacía del Estado en otro litigio minero resuelto en 2020, el conocido como caso Corcoesto, que España ganó en un tribunal de arbitraje internacional en París a la minera canadiensa Edgewater, tras la decisión de la Xunta de Galicia de vetar una mina de oro a cielo abierto en 2015.

“Edad temprana”

Quadrant ha explicado que tiene experiencia en valoración de activos mineros, “incluyendo detalles como la capacidad de explicar la diferencia entre valorar una empresa minera en funcionamiento en comparación con otra en etapa temprana”, como sería el caso de Berkeley, que hoy por hoy no tiene ingresos. La firma estadounidense ha acreditado experiencia en 96 arbitrajes de inversión y 13 litigios en el sector de la minería a nivel internacional.

Tras la presentación de la demanda de Berkeley ante el Ciadi, la Abogacía del Estado ha recabado diversos expedientes administrativos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Dirección General de Minas, la subdirección general de Energía Nuclear, la Junta de Castilla y León o la Diputación Provincial de Salamanca, entre otros órganos.

Uno de los escenarios que se ha planteado invocar es la falta de jurisdicción del tribunal arbitral al interpretarse que ha habido una “falta de inversión” según lo dispuesto en el Tratado de la Carta de la Energía (un tratado para la protección de inversiones en este sector) y en el Convenio Ciadi. Se trata del primer caso contra España en el que se aplican las nuevas reglas de arbitraje del Ciadi, aprobadas en 2022.

Berkeley, representada en este arbitraje por los despachos Herbert Smith y Freehills y LCS Abogados, presentará el escrito de denuncia a principios de 2026. La australiana presentó su solicitud de arbitraje ante el Ciadi el 27 de junio de 2024, después de que en abril de 2021 el Congreso aprobase la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, prohibiendo nuevas concesiones de exploración o explotación de minerales radiactivos (como el uranio), y tras denegar el Ministerio para la Transición Ecológica en noviembre de ese año la autorización como instalación radiactiva (NSC II) del Proyecto Salamanca, basándose en un informe negativo del CSN.

En septiembre del año pasado Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Abogacía General del Estado aprobaron un acuerdo para la gestión administrativa y presupuestaria de las contrataciones necesarias para defender los intereses del reino de España en este procedimiento.