La Fiscalía insiste en que los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, e Interior, Luis Fernando Velasco, lideraron una empresa criminal para la compra de congresistas, a través de contratos del Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de lograr mayorías parlamentarias que permitieran aprobar las reformas del Gobierno Petro.

Ambos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos y se declararon inocentes, argumentando que no conocen a los congresistas que estarían envueltos en dicho entramado de corrupción.

Sin embargo, la fiscal solicitó al juez dictar una medida de aseguramiento de tipo domiciliaria en su contra, argumentando que son un peligro para la sociedad, debido

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