Pero hoy el futuro de esa práctica está en debate. Una cadena de fallos, resoluciones administrativas y proyectos legislativos han colocado al país en un escenario incierto: mientras el Tribunal Constitucional (TC) validó que el Estado pueda limitar parcialmente la tercerización, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sostuvo lo contrario y declaró ilegal esa restricción.

Ahora todas las miradas están puestas en un actor clave: la Corte Suprema , que debe decidir si la prohibición introducida en el Decreto Supremo (DS) N° 001-2022-TR será finalmente válida o no.

La pregunta ya no es solo jurídica: ¿qué puede pasar con el empleo formal, la inversión y sectores como la minería si la restricción se activa?

El recorr

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