La congresista Diana Gonzales Delgado, de la bancada Avanza País, ha presentado un innovador proyecto de ley que busca combatir el acoso telefónico en Perú. La propuesta establece que todas las llamadas provenientes de call centers y sistemas automatizados deben incluir un prefijo numérico estandarizado. Esto permitirá a los usuarios identificar de inmediato el origen y tipo de la comunicación.

Gonzales Delgado argumenta que esta iniciativa es crucial, ya que millones de peruanos reciben a diario llamadas de números desconocidos o que simulan ser personales, lo que genera confusión e intrusión en su vida cotidiana. "Hoy en día, los usuarios reciben insistentes llamadas desde números desconocidos, lo que genera confusión e intrusión en su vida cotidiana", afirmó la congresista.

El proyecto, que consta de seis artículos, exige que cualquier llamada comercial, promocional, de cobranza o telemarketing sea claramente identificable desde el identificador de llamadas. En su artículo 3, se establece que "toda llamada saliente deberá iniciar con un prefijo numérico visible en el identificador de llamadas (Caller ID)". Esto permitirá a los ciudadanos saber si están siendo contactados por un call center antes de contestar.

Además, la iniciativa incluye una medida de protección especial para adultos mayores de 70 años. Se establece que cualquier contratación de bienes o servicios a través de medios telefónicos deberá ser ratificada mediante firma física y entrega del contrato respectivo. Esta medida busca prevenir engaños y presiones indebidas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con OSIPTEL, será el encargado de determinar la estructura del prefijo, los tipos de llamadas incluidas y el mecanismo de sanción en caso de incumplimiento por parte de las empresas.

Gonzales concluyó que "con un prefijo obligatorio, cada ciudadano podrá reconocer inmediatamente cuándo está siendo contactado por un call center o sistema automatizado, pudiendo decidir si desea o no atender una llamada". Esta propuesta legislativa se presenta como una solución efectiva para proteger a los ciudadanos del acoso telefónico y mejorar la transparencia en las comunicaciones comerciales.