Este martes, el Gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un intenso debate de control político en el Congreso. La razón: las supuestas infiltraciones de disidencias de las Farc en las agencias de inteligencia del Estado. La revista SEMANA ha revelado un archivo que se convertirá en la principal defensa del Ejecutivo para desvincularse de alias Calarcá y su grupo ante el Senado.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol ha presentado documentos y conversaciones que sugieren que el grupo criminal tendría acceso a altos funcionarios que manejan información de seguridad nacional. A pesar de estas acusaciones, la Casa de Nariño ha negado cualquier implicación y los aliados del Pacto Histórico han calificado las denuncias como montajes.

El Ministerio de Defensa ha respondido a un cuestionario de 23 preguntas del Legislativo sobre este escándalo. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP) también fueron solicitadas para pronunciarse, pero hasta el momento no han emitido comentarios.

La defensa del Gobierno, liderada por el general (r) Pedro Sánchez, indicó que se enteraron de las supuestas irregularidades a través del informe periodístico. En respuesta, se han asignado misiones a las brigadas de Contrainteligencia Militar para recolectar información que permita verificar las afirmaciones del medio. El Ministerio aseguró que, según los datos de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, no hay conocimiento formal sobre el posible “comprometimiento de información estratégica u operacional” con estructuras ilegales.

Sin embargo, el Ministerio también reconoció que existen “probabilidades de riesgo y amenaza identificadas”, aunque aclaró que estos escenarios no son nuevos ni ajenos a la labor de defensa y seguridad nacional que realiza la fuerza pública. Se cuestionó la falta de advertencias o alertas de los servicios de contrainteligencia sobre presuntos vínculos de uniformados con grupos armados desde el 7 de agosto de 2022.

En el centro de la controversia se encuentra el general Juan Manuel Huertas, quien, según el informe de Noticias Caracol, tendría vínculos con las disidencias de las Farc. Huertas ha negado rotundamente estas acusaciones. Fue retirado del Ejército Nacional y posteriormente reintegrado por orden del presidente Petro. El Ministerio de Defensa explicó que su despido se debió a un llamamiento a calificar servicios, una modalidad de retiro por necesidades del servicio.

Los senadores también han indagado si Estados Unidos ha proporcionado información al Gobierno colombiano sobre los presuntos vínculos de Huertas con grupos armados. La respuesta del Ministerio fue clara: “No se registra información suministrada a la inteligencia militar que provenga de los Estados Unidos sobre presuntos vínculos del general Juan Manuel Huertas con grupos armados organizados.”

Este debate en el Congreso se presenta en un contexto de creciente preocupación sobre la seguridad nacional y la integridad de las instituciones del Estado, mientras el Gobierno intenta manejar las acusaciones y mantener la confianza pública.