La informalidad laboral es hoy una de las principales deudas estructurales de la economía argentina. Según el INDEC, el 43,2% de los trabajadores se desempeña sin aportes ni cobertura social, el registro más alto desde 2008. El fenómeno golpea especialmente a los jóvenes —seis de cada diez no están registrados— y consolida un mercado de trabajo fragmentado.

En ese contexto, el Gobierno impulsa una reforma laboral orientada a reducir la informalidad y promover la creación de empleo en blanco. El objetivo, según economistas del sector privado, no implica un retroceso en derechos, sino un cambio en los incentivos para que las empresas puedan contratar sin enfrentar sobrecostos que hoy resultan prohibitivos.

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