El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez, ha preguntado a las partes si debe archivar la causa para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín , según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Lo hace tras recibir un escrito en el que la Fiscalía considera que su imputación debe ser revocada porque su situación es “idéntica” a la de la actual secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra Gómez, a la que exoneró 11 días después de imputarla . “Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente...”, escribe el fiscal.
El magistrado mantiene investigado a Martín desde el pasado mayo como sospechoso de participar en la supuesta malversación que suponen las labores de Cristina Álvarez para Begoña Gómez en relación con la Universidad Complutense. La defensa de Martín recurrió su imputación hace casi seis meses, pero la instancia superior todavía no ha dado respuesta a ese recurso.
Entre tanto, el Tribunal Supremo rechazó su maniobra para escalar el caso hasta la Moncloa e involucrar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que llegó a tomar declaración en su despacho el pasado abril. Peinado intentó implicar a Bolaños por malversación con el argumento de que era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando la asesora fue nombrada.
En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora.
En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado.
Tras interrogar a Bolaños, el juez imputó a Francisco Martín. En su caso, la citación venía motivada por el hecho de que —en el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno que ocupó entre 2021 y 2023— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” donde Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia.

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