El Gobierno dio inicio formal a la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada , la cual refine por completo el sistema regulatorio del sector, poniendo en manos de la Subsecretaría de Prevención del delito el rol regulador y autorizador de empresas y personas dedicadas al rubro de la seguridad.

La normativa obliga a certificar empresas, guardias y vigilantes, además de elaborar planes de seguridad según perfiles de riesgo, y establece nuevas obligaciones de denuncia y estándares laborales, incluidos seguros y medios defensivos.

Respecto a eventos masivos de más de 3.000 asistentes, se imponen requisitos estrictos para organizadores y recintos.

Para todo lo anterior, hay un plazo de adecuación de seis meses , y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que no

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