La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha defendido este martes en el Congreso la legalidad de los préstamos al 0% de 14.200 millones que el Gobierno ha adjudicado a dedo al sector en los últimos meses porque “la normativa no se ha modificado” y “estamos haciendo exactamente lo que hacen nuestros socios europeos”, acogiéndose a la excepción que permite el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de cumplir las normas de publicidad en las contrataciones para proteger la seguridad nacional.

En una comparecencia en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Valcarce ha subrayado que esos préstamos se han dispuesto “con confidencialidad y plena garantía de control estatal”, “aplicando exquisitamente la Ley de contratos del sector público” y teniendo en cuenta “exclusividad tecnológica” de los proveedores, con prioridad para empresas nacionales “en áreas críticas” que reduzcan la dependencia tecnológica de terceros países.

Unos préstamos que ha cuestionado el popular Agustín Conde, ex secretario de Estado de Defensa con Mariano Rajoy, que ha citado 6.700 millones adjudicados “a dedo” a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa en la que Conde tuvo etapa muy breve como asesor. 

“El objetivo no es enriquecer a algunos a costa de la vida de nuestros soldados”, ha dicho Conde, que ha hablado incluso de “crimen de lesa patria” y ha citado un contrato para el suministro de un avión de entrenamiento a la empresa turca TAI Hürjet, “que no es de la UE”, por 3.120 millones, y para el que, asegura, se ha invocado “ilegalmente” ese artículo del Tratado de la UE.

“Escuchándole uno pensaría que con anterioridad se había dedicado por decir algo a escribir novelas de terror”, ha espetado Valcarce a Conde, al que ha recordado el veto que le aplicó el Consejo de Europa en 2021, acusado de favorecer al régimen de Azerbaiyán en 2015 y 2016 cuando actuó de observador en las elecciones parlamentarias. “La diferencia” con su etapa como número dos de María Dolores de Cospedal en Defensa, le ha dicho, es que el Gobierno de entonces dejó el presupuesto del ministerio en “la indigencia” y “no se lo permitía”. 

Valcarce ha subrayado que el gasto en defensa ha pasado del 0,93% del PIB de 2018 al 2% de este año sin “alterar las reglas del juego” y “con los mecanismos legales previstos” para “cumplir nuestros compromisos con la UE y con la OTAN”.  

La secretaria de Estado de Defensa ha asegurado que el “origen” de los problemas de Telefónica, que ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 6.000 personas, fue “la mala venta que el Gobierno de Aznar hizo” en los años 90 del antiguo monopolio público de telecomunicaciones. “Cuando gobierna el Partido Socialista hay que reconstruir la participación del Estado” y “el futuro de Telefónica es bueno y será mejor”. 

Valcarce ha asegurado que en el programa del blindado 8x8 Dragon que desarrollan Indra, EM&E, General Dynamics y Sapa, y acumula importantes retrasos, se van a finalizar las entregas “en 2028” y “todas las previsiones se cumplen”. Se han aplicado las penalidades correspondientes, que las empresas “han desistido de recurrir”, y el 28 de noviembre se revisaron “aspectos técnicos del contrato” para “incorporar más tecnología y sobre todo más modernización”, lo que implica “el correspondiente reajuste en las anualidades y en las entregas” de los 348 vehículos previstos.

Las modificaciones afectan a configuraciones, actualización de requisitos de simuladores o del entrenador del sistema de armas. Y, ha asegurado, no van a implicar nuevos retrasos. “La fecha límite es 2028”, se han entregado 11 unidades a principios de este año y “la compañía ha informado a la oficina de programa que tiene previsto la entrega de una agrupación táctica de 57 vehículos”. “Todo esto no implica ninguna reducción, ninguna supresión de las penalidades que legalmente correspondan”. La secretaria de Estado no ha precisado qué sobrecostes va a implicar el nuevo acuerdo.

“Los primeros vehículos entregados son de altísima calidad y fiabilidad” y “lo importante” es que se está trabajando para “agilizar” las entregas y “reforzar tecnológicamente” unos vehículos que “tienen que ser seña de identidad del Ejército de Tierra”.

“Una oportunidad”

Sobre el plan de desconexión de Israel, calificado por el PP como una “decisión basada en ideología y planteamientos inconexos”, ha subrayado que implica que el gobierno “ni compra ni vende armamento” a este país, ni para reparaciones ni para tecnologías, y que es un “desafío” que puede convertirse en “oportunidad” para la industria nacional de defensa. 

Una decisión adoptada, según Valcarce, “con coherencia y mucha responsabilidad. No subordinamos nuestra seguridad ni nuestra defensa a ningún país que vaya en contra de la legalidad internacional”. El veto a Israel ha “reforzado la autonomía estratégica, la soberanía tecnológica y sobre todo la garantía de un suministro seguro” y “el apoyo a la industria nacional de defensa. Lo que antes aportaban empresas extranjeras hoy lo hacen empresas españolas, con empleo español, tecnología española y además un pleno control de nuestras capacidades”.

Preguntada por cómo se van a desarrollar los programas Spike y Silam, que dependían de tecnología israelí, ha indicado que se están buscando tecnologías “muy determinadas” en España,el ámbito europeo o “terceros países que estén dentro de los países socios o aliados pero que también nos garanticen suministro”, para “reorientar acuerdos y buscar alternativas nacionales”.

Valcarce ha recalcado que Defensa no ha adjudicado contratos a la china Huawei, calificada por la Comisión Europea como “proveedor de alto riesgo” , en “intercepción legal de comunicaciones, inteligencia o ciberseguridad” y las contrataciones de otros organismos del Estado como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el MInisterio del Interior se realizan “con sus propias competencias”. “Desde un punto de vista industrial”, las relaciones con Estados Unidos son “excelentes”, a través de compañías como Lockheed Martin, General Dynamics o la vasca Sapa.

Ha afirmado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña de un 10% de Telefónica, es “un instrumento estratégico en la aplicación de las políticas industriales del gobierno”, que “está muy presente en la industria de defensa” y “es el mejor ejemplo de colaboración público privada”.

Con sus participaciones en la operadora, Navantia (100%), Epicom (40%), Indra (28%), Hispasat (10,3%) y Airbus (4,1%) es un “actor fundamental en el ámbito empresarial de seguridad y defensa”, con una industria que es un “pilar estratégico” por su aportación a las arcas del Estado, generación de empleo “altamente cualificado”, su contribución a la garantía de la autonomía estratégica y el desarrollo de capacidades avanzadas para la producción de bienes y servicios de alto valor estratégico.

Preguntada por un posible troceo de Navantia para traspasar algunos de sus activos a Indra, ha señalado: “No he venido a hacerme eco de rumores ni de bulos”. “Es muy diferente no ganar un contrato de no haberlo perdido”, le ha dicho a la ex ministra popular Elvira Rodríguez, tras enumerar esta las licitaciones que no ha conseguido el grupo público de astilleros en los últimos años.